"Paul Chambers se levantó de la cama un 6 de enero de
2010 con todas las ganas de coger un avión. Tenía un billete con destino
a Belfast para ver a la chica con la que estaba saliendo y a la que
había conocido en Twitter.
Llegó al aeropuerto Robin Hood, en South
Yorkshire, lo encontró cerrado por la nieve y estalló. En Twitter,
claro: "¡Mierda! El aeropuerto Robin Hood está cerrado. ¡¡Tenéis una
semana y algo más para arreglar esta mierda o voy a volar este
aeropuerto por los aires!!".
La policía lo detuvo una
semana después, lo que provocó una gran polémica en los medios.
¿Realmente era una amenaza terrorista real viniendo de un chico de 25
años de no muchas luces? Los jueces pensaron que no podían dejar
pasar el aviso. Lo condenaron en primera instancia y volvieron a hacerlo
en el primer y segundo recursos. Sólo cuando el caso llegó al Tribunal
Supremo, decidieron absolverlo en julio de 2012.
¿Cuál había sido la pena inicial de prisión? Ninguna.
Había sido condenado a pagar una multa de 385 libras, más la obligación
de pagar las costas de 600 libras (equivalentes a 1.130 euros en total).
Y había perdido el empleo a causa de la detención.
En España una condena a pagar 1.130 euros sería casi un alivio para
muchos de los acusados que han pasado por la Audiencia Nacional en los
últimos meses. Delitos como incitación al odio, enaltecimiento del
terrorismo o injurias al rey han llevado a la imposición de penas que
suponen el ingreso en prisión. Son penas similares a las de los delitos
de lesiones graves.
La acumulación de estos casos
podría hacer pensar que en España el terrorismo es una amenaza
permanente o que el debate público está teñido de violencia y amenazas.
Eso era lo que ocurría en muchos momentos de la Transición a finales de
los 70 y los 80, época descrita en general por los medios de
comunicación como un éxito de la sociedad española.
¿Entonces por qué ahora ese activismo judicial y policial contra delitos
manifestados a través de la opinión? ¿Esas sentencias quieren decir que
estamos peor que en los 80 en cuanto a respeto a los derechos civiles?
"Esa es una percepción basada en la realidad", opina Jacobo Dopico,
catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. "Nos
encontramos ante una situación de alarma que se ha creado rápidamente en
pocos años al haberse producido un giro en la interpretación de tres o
cuatro grupos de delitos: enaltecimiento del terrorismo, incitación al
odio y discriminación, que se ha ampliado de forma insostenible, delitos
que han revivido como los referidos a los sentimientos religiosos, y
las ofensas a instituciones como la Corona".
La ofensiva judicial
La intensa dedicación de Policía, Guardia Civil y Fiscalía a lo que se
dice en redes sociales y a la actividad de grupos de música ha
desembocado en varias sentencias en los últimos meses.
A los integrantes del colectivo rapero La Insurgencia, la sentencia de la Audiencia Nacional les condenó
en diciembre por ensalzar "de manera casi sistemática a la organización
terrorista" de los Grapo y adoptar una "tónica subversiva frente al
orden constitucional democrático". Resultado: dos años y un día por
enaltecimiento del terrorismo.
Al rapero Valtonyc,
tres años y seis meses por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e
injurias graves a la Corona, según la sentencia del Tribunal
Supremo. "Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes le haría ver cómo su
hijo vive entre ratas", fue una de las frases citadas en la sentencia.
Con César Strawberry, ocurrió lo contrario a lo habitual. Le absolvió
la Audiencia Nacional, pero le condenó el Supremo tras el recurso, a
pesar de que el músico había confirmado su rechazo explícito a la
violencia.
En el caso de Strawberry, Dopico cree que
su sentencia "contradice cuestiones establecidas por el Tribunal
Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Incluso
las apelaciones genéricas a la violencia no son automáticamente
constitutivas de delito, por mucho rechazo social que provoquen en la
mayoría de la sociedad.
Si no hay riesgo real de que se produzcan esos
actos violentos, si no hay una intención clara de plasmar esas palabras
en violencia física, el TC se ha mostrado reacio a aceptar esas
condenas.
Por el contrario, los autores de los
atestados policiales y los autos de la Fiscalía reflejan una sucesión de
frases de contenido violento y en ocasiones aberrante como si fueran
llamamientos nítidos a una violencia que se puede producir en cualquier
momento y que afortunadamente nunca llega a ocurrir.
Entre otras cosas,
porque por muchos tuits que dediquen a los Grapo personas que ni saben
lo que era ni habían nacido cuando los miembros de ese grupo terrorista
cometieron sus crímenes, los Grapo no van a resucitar.
En muchos casos, son los tribunales y los medios de
comunicación que informan de sus decisiones los que hacen de altavoz de
esas declaraciones. En definitiva, los que extienden esos mensajes
violentos, muchísimo más que sus autores originales.
¿Hay una intención política en esas sentencias? El abogado Arkaitz
Terrón fue juzgado en marzo de 2017 por nueve tuits publicados a lo
largo de seis años en los que se refería a Carrero Blanco, ETA y el rey
Juan Carlos desde una cuenta de Twitter que tenía una repercusión
insignificante. Tras el juicio –antes de saber que sería absuelto–, dijo
que tenía claro por qué estaba allí: "El Estado quiere que cuando un
chaval vaya a tuitear se lo piense dos veces".
Por eso en otros juicios celebrados esos días varios acusados aceptaron
reconocer su culpabilidad a cambio de una pena que no les suponía el
ingreso en prisión. A Terrón no le extrañaba: "Yo pude pagarlo
(abogados, viaje y fianza), pero si no tienes recursos, lo primero que
haces es reconocerlo todo, o si no, te hunden la vida".
Sobre los efectos de esos mensajes
La repercusión de cualquier posible incitación a la violencia debería
ser un factor relevante en la investigación policial. El riesgo que
suponen esas palabras para la sociedad debería valorarse para establecer
si es delito y con qué gravedad, algo que en las sentencias suele
aparecer con una frase declarativa sin pruebas que sustenten esa
apreciación.
Twitter y Facebook tienen herramientas
para medir la repercusión de esos mensajes y traducirla en cifras. En
varios juicios, los agentes policiales han reconocido que no las usan.
Los números que saldrían podrían llegar a ser ridículamente bajos.
Ningún fiscal se atrevería a presentarlos ante el tribunal como prueba.
El Tribunal Supremo ha llegado al extremo de avisar de que un retuit puede ser delito.
Repetir para tus seguidores un mensaje escrito por otra persona puede
llevarte a la cárcel. El tribunal se refirió en una sentencia al acto
de reenviar mensajes o imágenes de apoyo a ETA o de homenaje a
terroristas.
El RT –que significa cosas distintas
para personas diferentes en Twitter, como sabe cualquier usuario de la
red social– puede ser delictivo, según el Supremo, porque el Código
Penal no exige "que el acusado asuma como propio, razone o argumente la
imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que
de un modo u otro accedan a él, y le den publicidad, expandiendo el
mensaje a gran cantidad de personas".
Retuitear es
también una forma de contar lo que está pasando sin hacer más
comentarios. Como se dice en términos coloquiales, sin mojarse. O de
provocar a algunos lectores con algo que preferirían no ver. El Tribunal
Supremo sólo parece tener una definición para ese concepto de
retuitear. (...)" (Íñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 21/02/18)
"Malos tiempos para la libertad de
expresión en nuestro país.
Este derecho expresamente recogido en el
artículo 20 de la Constitución ha quedado cercenado a través de tres
casos que se han sucedido en apenas 24 horas. En dos de ellos ha sido la
Justicia la que ha dictado sentencia y en el otro ha sido la propia
autocensura la que ha hecho el trabajo previo, como tantas veces sucedía
en la dictadura franquista.
Ayer, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia a tres años y medio de cárcel que había impuesto la Audiencia Nacional al rapero Valtonyc.
Sus delitos: enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias
graves a la Corona. Por la noche se conocía la decisión de una juez de
Collado Villalba de secuestrar el libro Fariña,
obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia
del narcotráfico gallego. La razón: una demanda del exalcalde de O Grove
por supuesta vulneración de su derecho al autor. Y hoy, ARCO ha instado a una galerista a retirar una serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea,
en la que aparecen, pixeladas, imágenes de Oriol Junqueras o los
jóvenes detenidos por agresión a dos guardias civiles en Altsasu
(Navarra).
El rapero Valtonyc, a prisión
En el caso de Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc,
el Supremo desestimó sus argumentos y confirmó la sentencia de la
Audiencia. Así, el rapero tendrá que ir a la cárcel para cumplir una
condena de tres años y medio. Y es que para el Alto Tribunal los
contenidos de sus canciones "no quedan amparados por la libertad de
expresión o difusión de opiniones" y sí suponen un enaltecimiento del
terrorismo, calumnias e injurias a la Corona y amenazas a Jorge Campos,
presidente de la asociación Círculo Balear..
En concreto, se trata de diez canciones del álbum Residus de un poeta , otros diez temas bajo el título Mallorca es Ca nostra; y, por último, otras dos canciones que fueron subidas por el rapero a Youtube con el título de Marca España y El fascismo se cura muriendo. Aquí se pueden leer las frases exactas por las que se le condena. (...)
Precisamente por enaltecer el terrorismo se sienten hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional dos tuiteros. Mari
Flor M.G. y Luis S.S. son juzgados por publicar mensajes en los que
ensalzaban la actividad terrorista de ETA, degradaban a sus víctimas y
arremetían contra la Policía y conocidos periodistas y políticos, unos
hechos por los que la Fiscalía pide para cada uno dos años de prisión.
Secuestro del libro 'Fariña'
Pero cuando todavía el fragor del
debate en torno a la sentencia a Valtonyc seguía candente, la opinión
pública conocía otra decisión judicial cuanto menos polémica. La juez de
Collado Villalba (Madrid) Alejandra Fontana acordaba el secuestro cautelar del libro Fariña, en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego, a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar,
quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por
supuesta vulneración de su derecho al honor. Bea Gondar les reclama
500.000 euros de indemnización.
El exalcalde de O Grove aparece citado en "dos líneas"
del libro, de 400 páginas, por supuestos vínculos con el narcotráfico
gallego. Por ejemplo, su nombre aparece en este extracto: "Aquel junio
de 1991 Orbaiz Picos se ofreció al cartel de Cali para traer 2.000 kilos
de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove
por AP en 1983 y 1991 (este último año ganó con mayoría absoluta,
después de haber sido acusado de narcotráfico, aunque duró dos días en
el cargo), quien aceptó la propuesta y se puso en contacto con Manuel
González Crujeira 'o Carallán', al que ya conocemos de su época como
colaborador de 'Sito Miñanco'".
Sin embargo, el efecto que ha provocado la noticia del secuestro es que el libro se haya convertido en número uno en ventas en Amazon.
Un 'efecto Streisand' en toda regla. Un secuestro que llega, además,
dos años después de que el libro se estrenara y tras nueve ediciones del
mismo.
Lo que no ha logrado el exalcalde de la localidad gallega es frenar la emisión de la serie de televisión
producida sobre esta obra y que será emitida en los próximos meses. En
este caso, la juez argumentó que la fecha de emisión de la serie es
incierta, así como el guión de la misma, por lo que sería
desproporcionado paralizarla.
ARCO retira una obra sobre 'presos políticos'
Y esta mañana, una obra que se iba a exponer en ARCOMadrid ha sido retirada.
A instancias de IFEMA, la galerista Helga de Alvear ha decidido quitar
de su estand la serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea,
en la que aparecen, pixeladas, imágenes de Oriol Junqueras, Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart o los jóvenes de Altsasu. La obra, valorada en
80.000 euros, fue vendida antes de su retirada. (...)
El artista madrileño ha mostrado su
"relativa sorpresa y decepción" y considera que la decisión "daña la
imagen" del evento y "del propio estado español". En su perfil oficial
de Facebook, Sierra ha afirmado que la decisión también "constituye una
falta de respeto hacia una galerista como Helga de Alvear, que participó
en la puesta en marcha de la Feria, así como hacia la madurez e
inteligencia del público".
"Finalmente --añade-- creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos". (Público, 21/02/18)
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