"Los
hechos objetivamente expuestos son los siguientes: un juez de
instrucción de Barcelona ha ordenado en una fecha clave –quedan diez
días para el referéndum del 1-O– una serie de registros de sedes de la
Generalitat que han venido acompañados de más de una decena de
detenciones de altos cargos de dicha administración autonómica por los
delitos de prevaricación, desobediencia, revelación de secretos y
malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con la
organización del referéndum.
Los dos últimos tienen aparejadas graves
penas de prisión, de hasta seis años en el último caso.
Sin
haber podido leer aún el auto del juez, varios líderes políticos y
sindicales han llamado a la movilización y varios miles de personas se
han echado a las calles de forma pacífica, dando por hecha una
connivencia entre la presidencia del gobierno del Estado y el juez de
instrucción en cuestión. (...)
Puede parecer extraño que un juez de instrucción pueda paralizar de facto a todo un gobierno autonómico, pero así es nuestro sistema. En EEUU cualquier juez federal, como sabemos, puede paralizar órdenes del mismísimo presidente. Esa es la garantía de la justicia y de la división de poderes, aunque podríamos entrar en un amplio debate a este respecto que ahora no puedo desarrollar.
Pero al margen de ello, lo que se ve
dudoso en este caso es que habiéndose detenido a altos cargos de
diversos departamentos de la Generalitat, la instrucción esté
discurriendo como si estos responsables políticos actuaran por libre,
cuando es pública y notoria la implicación de los consellers en
la organización del referéndum, reconocida por ellos mismos.
Siendo así
y derivando el juez responsabilidades penales por estos hechos –que
están por ver–, quizás lo más adecuado sería traspasar la causa al
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, único competente para
instruir una investigación penal contra aforados, dado que los consellers lo
son.
No es el primer precedente de investigaciones que se demoran –muy
discutiblemente– en la sede de un juez de instrucción, apartando
temporalmente a los aforados, cuando si puede existir responsabilidad de
los mismos en los hechos, como es el caso sin ningún género de dudas,
lo adecuado es traspasar la competencia al tribunal competente, es
decir, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña." (Jordi Nieva-Fenoll , Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Agenda Pública, 20/09/17)
"Sencillo argumentario…
— Están deteniendo gente sin orden judicial…
— No. La Guardia Civil, en sus funciones de policía judicial, sigue las órdenes del juzgado nº 13 de Barcelona y de otros jueces y tribunales.
— Están deteniendo gente por expresar sus ideas…
— No. El juez ha ordenado la detención de unos funcionarios y altos cargos públicos por sus acciones (delictivas) y no por sus ideas.
— Estas detenciones son un ataque a la democracia y a la libertad de expresión.
— No. Estas detenciones son la consecuencia jurídica, esperada, lógica y prevista por el Ordenamiento en caso de su incumplimiento. Y aplaudida por mucha gente.
— Cataluña está siendo atacada por un Estado totalitario.
— No, no se actúa contra Cataluña, sino contra unos funcionarios y altos cargos que cometen ilegalidades, contra un Govern autonómico que ha dejado de representar a todos los catalanes para representar sólo a la minoría catalana que quiere la independencia. Y no es un Estado totalitario quien actúa, sino un Estado social y democrático de derecho que, con sus carencias y defectos, se somete al ordenamiento jurídico en su actuación. Por el contrario, la actuación totalitaria es aquella que no se somete a la ley, tal como está actuando el Parlament y la Generalitat desde hace tiempo y, más específicamente, desde el 4 de septiembre.
— La Guardia Civil está actuando contra Cataluña.
— No. La Guardia Civil sigue las ordenes de los jueces, igual que entró en la sede del PP de Génova 13 cuando se investigaba el caso Bárcenas; en ese momento a nadie se le ocurrió decir que la Guardia Civil actuaba contra el PP, sino que cumplía las órdenes de los jueces y tribunales. (...)" (El Español, 23/09/17)
"Sencillo argumentario…
— Están deteniendo gente sin orden judicial…
— No. La Guardia Civil, en sus funciones de policía judicial, sigue las órdenes del juzgado nº 13 de Barcelona y de otros jueces y tribunales.
— Están deteniendo gente por expresar sus ideas…
— No. El juez ha ordenado la detención de unos funcionarios y altos cargos públicos por sus acciones (delictivas) y no por sus ideas.
— Estas detenciones son un ataque a la democracia y a la libertad de expresión.
— No. Estas detenciones son la consecuencia jurídica, esperada, lógica y prevista por el Ordenamiento en caso de su incumplimiento. Y aplaudida por mucha gente.
— Cataluña está siendo atacada por un Estado totalitario.
— No, no se actúa contra Cataluña, sino contra unos funcionarios y altos cargos que cometen ilegalidades, contra un Govern autonómico que ha dejado de representar a todos los catalanes para representar sólo a la minoría catalana que quiere la independencia. Y no es un Estado totalitario quien actúa, sino un Estado social y democrático de derecho que, con sus carencias y defectos, se somete al ordenamiento jurídico en su actuación. Por el contrario, la actuación totalitaria es aquella que no se somete a la ley, tal como está actuando el Parlament y la Generalitat desde hace tiempo y, más específicamente, desde el 4 de septiembre.
— La Guardia Civil está actuando contra Cataluña.
— No. La Guardia Civil sigue las ordenes de los jueces, igual que entró en la sede del PP de Génova 13 cuando se investigaba el caso Bárcenas; en ese momento a nadie se le ocurrió decir que la Guardia Civil actuaba contra el PP, sino que cumplía las órdenes de los jueces y tribunales. (...)" (El Español, 23/09/17)
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