"El Gobierno de Mariano Rajoy decretó en abril de 2012 un nuevo y mayor
copago farmacéutico por motivos de "equidad” y ahorro. Esto iba a
permitir "el acceso a fármacos más innovadores”, dijo la ministra de
Sanidad, Ana Mato.
En noviembre de 2016, el gasto público en medicinas
alcanzó el mismo nivel que hace cuatro años: superó los 9.000 millones
de euros, según los datos del Ministerio de Sanidad. Lo mismo que el año
del decretazo sanitario. (...)
Con el copago, una parte más grande del precio de las
medicinas debía ser aportada por los pacientes. "La austeridad en el
gasto público, imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo
inaplazable”, decía el texto del Ejecutivo.
La Sociedad Española de
Atención Primaria (Semergen) mostró su preocupación en varias ocasiones por el abandono de terapias por parte de pacientes, especialmente de aquellos con las rentas más bajas.
Ese copago se ha visto traducido con más y más gasto por parte de las familias.
El Sistema de Cuentas de la Sanidad del Ministerio ha reflejado
ejercicio a ejercicio el mayor esfuerzo económico privado dedicado a la
salud: de 20.500 millones en 2011 a 23.324 en 2014 (último
dato actualizado). Un 13% más. Casi la mitad de todo ese dinero se va a
"productos médicos” (a los que pertenecen, entre otras cosas, las
medicinas): las cuentas oficiales calculan que, en fármacos, las
familias aportaron unos 6.400 millones de euros en 2014.
Así que mientras los pacientes han ido aumentando su gasto para
adquirir medicinas, el dinero público destinado a las farmacéuticas,
tras caer, ha ido remontando también. Algo parecido ocurre con las
recetas con financiación pública: son cada vez más desde 2013, tras
pasar el efecto inmediato del decreto. El noviembre pasado sumaron
824.000, un 2,2% más que hace 12 meses.
Un estudio de
este año de las universidades Pompeu Fabra y de Las Palmas sobre el
efecto del decreto de 2012 en medicamentos para enfermedades crónicas
(diabéticos, antitrombóticos y de obstrucción respiratoria) concluyó que
el consumo de dosis diarias de estas medicinas cayó nada más aplicarse
la norma. La rebaja se fue moderando desde los seis primeros meses de la
nueva legislación hasta los cuatro años posteriores.
Sin embargo, el análisis, publicado en abril de 2016 en la Revista Española de Salud Pública,
afirma que solo "se estimó una reducción mantenida y significativa del
gasto” para los pacientes respiratorios. También constató que se produjo
un "efecto acumulación” de productos antes de la entrada en vigor del
decreto (para luego utilizarlos). (...)
el Gobierno de la Comunidad de Valencia decidió en 2015 anular parcialmente los efectos prácticos de la norma. Destinó
una partida del presupuesto regional para subvencionar el copago de
jubilados con ingresos menores a 1.000 euros mensuales y personas con
alguna diversidad funcional (superior al 65%). Calculó que la medida se
extendería a 986.000 personas.
La Consellería de
Sanitat informó tras esta opción que había mejorado la adherencia al
tratamiento de pacientes. Según sus cálculos, el abandono de
medicamentos cayó un 24% en tres meses: 14.000 personas menos dejaron de
adquirir los fármacos indicados para sus dolencias." (eldiario.es, 07/01/17)
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