"En el pasado mes de septiembre, se presentó por primera vez en las Naciones Unidas un informe sobre los fondos buitre , |1|
elaborado por un comité consultivo del que Jean Ziegler, ex experto
independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación,
es el vicepresidente.
Este informe constituye una verdadera mina de
información sobre la estrategia de los fondos buitre, los beneficios que
obtienen a costa de las poblaciones de los Estados que atacan y sobre
los medios que pueden tener los gobiernos para combatirlos. Hemos
seleccionado algunas partes del informe que se puede consultar completo
al final de este artículo.
Los fondos buitre , también conocidos como fondos oportunistas (o «fondos de deuda
morosa», como se suelen definir ellos mismos) son empresas financieras a
menudo domiciliadas en paraísos fiscales cuya estrategia es la compra a
precios muy bajos —principalmente en el mercado secundario (mercado de
ocasión de las deudas)— acreencias (deuda morosa) de Estados con
dificultades financieras para reclamar luego el pago del 100 % de su
valor nominal, aumentado por los intereses, penalidades y eventuales
gastos judiciales.
Y para lograrlo, «los fondos buitre pueden
recurrir no solo a acciones judiciales sino también al cabildeo y otras
tácticas de presión, que pueden variar desde el intento de bloquear
activos del Estado deudor hasta organizar campañas de prensa para
desacreditarlo a fin de obligar al Gobierno a pagar.» (Nota 5, en página 4)
Los beneficios que obtienen al final de este acoso son exorbitantes porque «Los
fondos buitre han logrado tasas medias de recuperación de entre 3 y 20
veces su inversión, equivalentes a un rendimiento del 300 % al 2.000 %.» (Página 5)
No
es sorprendente que estos beneficios, que provienen de una manifiesta
desproporción entre el precio de compra de la deuda y la suma que se
obtiene de su pago, se consigan en detrimento de los Estados acosados y
por lo tanto de sus poblaciones. El informe estudia varios casos de
países víctimas de los fondos buitre: La República Democrática del
Congo, Zambia, y Argentina.
El ejemplo de Zambia aclara bastante la
cuestión: «En 2006, solo unos meses antes de la fecha prevista para
que Zambia obtuviera la cancelación de la deuda con arreglo a la
Iniciativa en favor de los PPME, Donegal International entabló acciones
judiciales contra el país ante los tribunales del Reino Unido por un
total de 55 millones de dólares.
Donegal obtuvo un fallo favorable y un
rendimiento del 370%, o sea, casi 17 veces el monto que había pagado por
la deuda.
Según se informó, el Gobierno de Zambia aceptó la sentencia y asignó al servicio de la deuda un 65% de la suma recibida, que ya había consignado a programas de salud (ibid.,
párr. 25). Como resultado de este litigio, los fondos buitre sacaron
del país casi el 15% de su gasto total de bienestar social, fondos que,
de no ser así, habrían podido destinarse a educación, atención de la
salud y reducción de la pobreza.»(Páginas 6 y 7, puntos 12 y 13)
Afortunadamente,
este informe no se limita a describir la estrategia de los fondos
buitre y su nefasto impacto sobre la población de los Estados atacados,
ya que nos da también varios medios de acción concretos
que los Estados podrían poner en marcha inmediatamente, como,
simplemente, legislar en el nivel nacional contra los fondos buitre con
el fin de que sus tribunales no satisfagan sus demandas.
Actuar en el
terreno del derecho cambiando «las reglas del juego», por medio de la
sanción de leyes, es ahora una necesidad:
«De hecho, las estadísticas
muestran que los juicios y los intentos de bloqueo de activos se están
convirtiendo cada vez más en un medio común para resolver los litigios
en materia de deuda soberana , que entraña
procesos judiciales costosos y prolongados para el Estado que ha
suspendido los pagos. La tendencia ha aumentado desde la década de 1990,
del 10% a casi el 50% de esos litigios.» (Página 10, punto 29)
Los
Estados no partirían de cero si se decidieran a poner fin a la acción
de los fondos buitre. Bélgica, el Reino Unido y recientemente Francia
ofrecen modelos que deberían inspirar a otros países. Especialmente, la
ley sancionada por Bélgica en 2015, que se toma como ejemplo a seguir en
el informe Ziegler. En este informe leemos:
«El Comité Asesor recomienda a los Estados Miembros que:
a)
Aprueben una legislación destinada a restringir las actividades
predatorias de los fondos buitre dentro de su jurisdicción. Las leyes
nacionales no deberían limitarse a los PPME |2|
sino abarcar un grupo más amplio de países y aplicarse a los acreedores
comerciales que se nieguen a negociar toda reestructuración de la
deuda.
Las demandas que sean manifiestamente desproporcionadas al monto
inicialmente pagado para comprar la deuda soberana no deberían tenerse
en cuenta. Las leyes de Bélgica y el Reino Unido proporcionan valiosos
ejemplos a los otros Estados para la elaboración de leyes nacionales
destinadas a limitar las prácticas de los fondos buitre.
b)
Adopten medidas para limitar los litigios desestabilizadores iniciados
por los fondos buitre en su jurisdicción. Los tribunales o los jueces
nacionales no deberían hacer efectivos los fallos extranjeros ni poner
en práctica procedimientos de aplicación en favor de los fondos buitre
que traten de obtener beneficios desproporcionados. Es una buena
práctica la de limitar el monto de las demandas de los fondos buitre al
precio reducido pagado originalmente por los bonos.»
Este informe llega en un momento histórico por dos importantes razones:
En primer lugar, esa ley belga está siendo atacada por uno de los más
poderosos fondos buitre en el nivel mundial, los fondos NML Capital que
pertenecen al magnate Paul Singer, uno de los principales donantes al
partido republicano de Estados Unidos.
En particular es el que atacó con
éxito a Argentina y ahora pide al Tribunal Constitucional belga que
anule esa ley, lo que demuestra la eficacia del dispositivo aprobado en
Bélgica contra los fondos buitre. En segundo lugar, la coyuntura está
marcada por las crecientes dificultades de reembolso de las deudas
soberanas —principalmente en África, que es, por otro lado, el
continente más acosado con una media de 8 intentos de demanda por año
contra Estados africanos ante los tribunales—.
Ante el riesgo de
suspensión de pagos de varios países, los acreedores actuales de esos
Estados podrían pensar en desembarazarse de esas acreencias, que los
fondos buitre podrán entonces comprar a precios inferiores a su valor
nominal. (...)
Como lo recuerda el informe Ziegler, la obligación que incumbe al Estado
de garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales prima
sobre las obligaciones correspondientes al servicio de la deuda. Hay
numerosos textos que dicen lo mismo pero todavía no tienen un efecto
concreto, ya que los gobiernos continúan dando prioridad al pago de la
deuda.
Citemos, entre otros, a los principios rectores de las Naciones
Unidas relativos a la deuda y a los derechos humanos, que afirman de
manera explícita que «Cuando el servicio de la deuda sea excesivo o
desproporcionado e implique la reducción de los recursos financieros
destinados a la realización de los derechos humanos, debe ajustarse o
modificarse como corresponda para mantener la primacía de los derechos
humanos. Las asignaciones presupuestarias de los Estados deudores deben
reflejar la prioridad de los gastos relacionados con los derechos
humanos.» |4|" (Renaud Vivien , CADTM, en Rebelión, 19/10/16)
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