"La historia de la acción política del PP en el Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid,
estará marcada para siempre por la traición a miles de ciudadanos de
rentas bajas que han visto perder su vivienda social, tras la venta de
miles de ellas a empresas sin escrúpulos. (...)
Las políticas de vivienda, tanto de la derecha, como de la izquierda, se
han asentado en la falsa teoría que el español prefiere comprar
vivienda y por ende hay que subvencionar la compra, vía desgravación
fiscal y el enriquecimiento de los promotores de VPO.
Como consecuencia
de todo ello, la vivienda social en alquiler, la figura
clave para articular una verdadera política de vivienda pública, ha
desaparecido de los programas de todos los partidos. Es por ello que
España apenas tenga un parque público de vivienda en alquiler, que
apenas supera el 1% del total, mientras en el resto de países europeos el porcentaje oscila entre el 20% y el 45% como el caso de Austria o Alemania.
En España, tras el traspaso de la política de vivienda a las CCAA, éstas
y los Ayuntamientos se lanzaron a montar Agencias y Empresas
municipales de vivienda y suelo, para gestionar todo el proceso
urbanístico de construcción y urbanización que poco a poco se fue
vendiendo al sector privado, ante la enorme inflación de precios que
desencadenó en el pinchazo de una burbuja inmobiliaria descomunal
inflada inicialmente por el PP y mantenida después por Zapatero.
El
resultado final, tras el cataclismo, es que los ingresos públicos de Ayuntamientos y CCAA de desplomaron,
por lo que constructores y organizaciones políticas que han gobernado
estas instituciones han tenido que cambiar la forma de financiarse, tras
la orgía de comisiones y diversas corruptelas.
Con todo ello, las personas que han sufrido el proceso de desahucio
tras la pérdida de empleo se han visto privado de un parque de vivienda
social que pudiese paliar la falta de techo para millones de familias,
cuya capacidad de pago es limitada, o incluso nula.
Durante los años de
bonanza el alquiler social, pero también el privado, fue despreciado por
los ejecutivos de Aznar y Zapatero, aunque éste desarrolló algunas
figuras interesantes, como la Renta Básica de Emancipación, similar a ayudas directas que son muy comunes en la Europa más avanzada. (...)
Pero el peso del alquiler social, lejos de aumentar, ha disminuido
porque numerosas instituciones han vendido gran parte del patrimonio
público de vivienda, en muchos casos con los inquilinos dentro. (...)
El caso más sangrante, por el volumen enajenado, ha sido el del Ayuntamiento de Madrid, en el que Fidere, filial de Blackstone,
se ha hecho con un paquete significativo de las viviendas públicas que
atesoraba la empresa de vivienda y suelo, regentada por el Ayuntamiento
de Ana Botella.
Esta operación, que está ahora
investigada por la justicia, tras el demoledor informe del Tribunal de
Cuentas, ha dejado a miles de ciudadanos en manos de una instancia
especuladora que además compró dichos pisos muy por debajo del precio real de los mismos.
El objetivo de esta venta fue hacer caja, tras el abultado
endeudamiento que Gallardón cimentó durante sus mandatos y que su
sucesora trató de mitigar destrozando las vidas de los ciudadanos más
débiles, a pesar de que en el pasado algunos de ellos fueron votantes
del PP.
Uno de los puntos más sangrantes es que el Ayuntamiento, a diferencia de
los ciudadanos, sí puede especular con bienes públicos, mientras que la
legislación sobre venta de las VPO es muy estricta, lo que sin duda es
lógico, aunque también se hayan producido fraudes. (...)
Los llamados fondos buitre han elevado los precios de
los alquileres hasta niveles que han obligado a muchos de ellos a dejar
sus casas. En otros casos, se han violado los acuerdos de la EMVS en
materia de opción de compra, como le ha ocurrido a la Presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de estas viviendas, Arantxa Mejías. (...)
Este caso, refleja la miserable actitud de estas empresas, negando el
derecho a seguir en su vivienda a pesar de no haber incumplido jamás sus
obligaciones de pago, es decir es un caso de desahucio político y por
venganza.
El discurso vergonzante de Ana Botella en sede municipal sobre
que lo único que cambiaba era el casero para todas estas familias, es
un signo de su enorme fobia hacia lo social y hacia lo público,
característica que heredó de su antecesor Gallardón y también de su
consorte y a la postre ex presidente del Gobierno, Aznar.
La familia de
Arantxa Mejías tendrá que recoger sus pertenencias y buscar una vivienda
en el mercado libre, si es que puede sufragarlo, sin que ninguna
instancia sea capaz de parar una tropelía de este tamaño. Esto demuestra
que la venta de estas viviendas supuso que el Ayuntamiento de Madrid se desembarazó del patrimonio sufragado por todos los madrileños, recaudó menos dinero del valor del mismo y finalmente abandonó a su suerte a estas familias. (...)
Las dudas y el arrastrar los pies en este vidrioso tema responde, en última instancia, a las presiones que las grandes inmobiliarias y los propios fondos están ejerciendo sobre el Ayuntamiento de Madrid
para que se entierre judicialmente el presunto prejuicio que el
Ayuntamiento de Madrid ha causado a los ciudadanos para enriquecer a los
necesitados Fondos de Inversión.
Este miedo a los grandes
terratenientes de la ciudad también se deja notar en el apartado de
limpieza, en el que las concesionarias de limpieza se están riendo de
todos los ciudadanos, despreciando la supuesta presión del equipo
municipal de Carmena. (...)
En resumen, Madrid ha sido la avanzadilla del experimento de acabar con
todo el patrimonio público de vivienda social para satisfacer las arcas
de grandes fondos buitres que se dedican a desahuciar de forma directa o
indirecta para sustituir los antiguos inquilinos de clase baja, por
boyantes y solventes ciudadanos de clase media.
Esto les permitirá
generar pingües beneficios tras la compra a un precio de risa.
Lamentablemente, el miedo y la presión de este sector tan poderoso limitará la capacidad de los ayuntamientos
para denunciar y lograr que se juzgue a este tipo de tiburones
financieros, cuyos escrúpulos son directamente proporcionales a su
riesgo de ser procesados y castigados. La lucha de la ciudadana Arantxa
Mejías debería ser apoyada por toda la sociedad (...)" (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 18/09/16)
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