"(...) lo básico para España es que no gobierne el Partido Popular, y la
forma en que se consiga debiera ser lo de menos, por razones de higiene
democrática. (...)
“...La legislatura del PP ha sido un desastre para España porque:
•
ha conseguido deslegitimar las instituciones básicas del Estado (el
papel del legislativo que ha asumido el ejecutivo mediante el
decreto-ley, la institución del Defensor del Pueblo, el Tribunal de
Cuentas, y sobre todo el Tribunal Constitucional que ha bendecido la
acción gubernamental a costa de revisar la doctrina constitucional de
décadas por razón de un supuesto estado permanente de excepción
provocado por la crisis económica);
• han dado lugar con su
gestión pública, a que hoy el problema de la corrupción política sea
considerado uno de los más graves de la sociedad española, siendo un
cáncer que se ha extendido por la mayor parte de las estructuras del PP
en todos los niveles de responsabilidad política, como acreditan los
innumerables procesos judiciales y políticos desarrollados en el pasado
más reciente y en la actualidad.
• ha logrado debilitar al
máximo los servicios y prestaciones esenciales del Estado de Bienestar
(sanidad, educación, dependencia, Seguridad Social, servicios sociales,
atención al desempleo);
• se ha ido reduciendo el tamaño de lo
público al transferir la responsabilidad en la prestación de servicios
esenciales a la iniciativa privada, que ha logrado introducir los
valores del mercado en la atención de las necesidades básicas
ciudadanas.
• ha logrado degradar las libertades básicas
ciudadanas (por la vía, entre otras, de los obstáculos al acceso a la
Justicia, el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras
leyes en materia de seguridad, y el empeño de la Fiscalía y las
instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado);
•
ha empobrecido extraordinariamente a la población española alcanzando
altos niveles de desigualdad y de falta de cohesión social (se ha
retrocedido muchos años en estanmateria siendo España hoy uno de los
países en donde ha crecido más la desigualdad para convertirnos en uno
de los más injustos en el reparto de la renta y riqueza);
• ha
distribuido injustamente los recursos públicos a favor de los intereses
económicos dominantes a costa de la población trabajadora y más
humilde (con un sistema fiscal injusto, en el que se recortan
prestaciones básicas a cambio de amnistías fiscales a favor de los
más pudientes o de la inyección de recursos a las instituciones
financieras);
• se ha pervertido el sentido del trabajo, para
convertirlo en una acción que solo conduce a la precariedad, la
temporalidad y la insuficiencia de recursos, gracias a las sucesivas
reformas laborales decretadas a favor del empresario y en contra del
trabajador, y de la nefasta política de devaluación interna salarial
promovida por el Gobierno siguiendo órdenes de la troika y de los
estamentos financieros internacionales, aunque algunos muestren ahora
signos de arrepentimiento (el FMI, por ejemplo);
• después de
años de constantes medidas no se ha mejorado el grave problema de
desempleo existente en España, ni se ha impulsado el empleo de calidad,
digno y con derechos, sino que uno y otro se han deteriorado
enormemente;
• se ha menospreciado el Diálogo Social y se ha
debilitado la participación ciudadana en la vida política, económica,
cultural y social (ignorando la función constitucional de las
organizaciones que representan intereses colectivos, particularmente, de
los sindicatos, a los que se ha perseguido con el Código Penal en la
mano por defender los intereses y derechos que les son propios);
•
ha logrado (...) arrinconar a la Administración local (invocando, entre otros, la unidad
de mercado, la sostenibilidad financiera y la estabilidad
presupuestaria); (...)
• no ha dado paso alguno en la construcción de un nuevo
modelo productivo basado en la calidad y productividad, despreciando
las oportunidades que ha dado, entre otros factores, la contención en
el precio de materias primas y combustibles, la política expansiva del
Banco Europeo, o la depreciación del euro frente al dólar. Por el
contrario, sigue sin control adecuado el déficit público, y se ha
disparado la deuda pública hasta extremos preocupantes para nosotros y
las generaciones venideras; (...)
• se ha
doblegado a las imposiciones de instituciones financieras
internacionales y de la Unión Europea, que son las que han orientado
las decisiones del Consejo de Ministros durante la legislatura....”
(...) Todo ha ido a peor. Ha sido el año de la burla permanente a la Constitución, a las instituciones, a la ciudadanía. (...)
El hedor es insoportable, por lo menos para quienes tenemos una
determinada convicción sobre las exigencias de la ética pública y
privada, y somos muchos. Esto es sencillamente intolerable.
En
estas circunstancias, mi opinión es que ni 100, ni 130, ni 150, ni 175
diputados del Partido Popular deberían justificar la abstención
socialista, ni el apoyo o abstención de ninguna otra fuerza política
que no quiera mancharse como cómplice o encubridor de la mala gestión
popular y de la corrupción política.
El mal de España se llama
Partido Popular. No puede haber otro objetivo más justo y necesario que
mandarles a la oposición muchos años y exigir una total y completa
renovación de sus estructuras, líderes y políticas.
Si empleáramos
nuevamente un símil médico, el Partido Popular sería el cáncer que
se ha venido extendiendo y que es necesario tratar sin dilación.
Algunos parecen preocuparse de que el aspecto externo del enfermo sea el
más aparente posible, obviando que la enfermedad se extiende por
dentro sin remedio. (...)" (Jose Luis Aramburu Godinez
, Sin Permiso, 16/09/2016)
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