"(...) Desde 1998, cuando se liberalizó la energía eléctrica, 28 millones de consumidores han visto cómo el precio de la luz ha aumentado más del 80% mientras
los beneficios de las eléctricas no han dejado de crecer, incluso en
los peores años de la crisis.
Algo que tiene consecuencias directas en
la población: un 16,6% de los españoles tiene serios problemas para
afrontar los pagos de la luz y de la calefacción. En la Unión Europea,
sólo los habitantes de Alemania, Irlanda y Dinamarca pagan más que los
españoles en la factura de la luz.
La perra gorda se la llevan las cinco empresas que conforman la Asociación Española de Industria Eléctrica (UNESA): Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP. Junto con Red Eléctrica de España, controlan cerca del 90% del mercado de la electricidad.
La razón que aducen las eléctricas para aumentar año tras año las
tarifas es que su actividad es deficitaria. Algo complicado de saber ya
que, a día de hoy, no se conoce buena parte de sus costes de producción, afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético e integrante de la cooperativa Ecooo.
El sistema eléctrico es tan opaco como la factura de la luz, y no es casualidad, afirma Romero: “Es tan complejo porque lo que están ocultando es una permanente transferencia de la renta de los consumidores de la luz a las grandes corporaciones, a las eléctricas”.
Las cantidades de esta gigantesca transferencia han sido calculadas por primera vez por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Según el reciente informe El Coste real de la energía, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Y pretenden que la transferencia continúe, al menos, hasta 2027. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?
Hasta 1997, el suministro eléctrico estaba completamente regulado. El
Estado establecía lo que los consumidores tenían que pagar, pero
también lo que las eléctricas tenían que cobrar. Sin embargo, el 27 de
noviembre de ese año, el Gobierno de Aznar decidía dar un paso más en el
proceso de privatización del sector y “abandonar la noción de servicio público”, según podía leerse en el texto de la ley 54/1997.
“Liberalizar el mercado fue el regalo real que se les hizo a las
grandes eléctricas para forrarse”, explica a Diagonal Mario Sánchez
Herrero, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
La “reducción de la tarifa” y de los “costes energéticos de las
empresas”, según palabras del entonces ministro de Industria, Josep
Piqué, eran las dos principales ventajas de abrir el mercado eléctrico a
la competitividad.
Una parte importante del precio de la electricidad a
partir de ese momento sería decidido por las leyes de la oferta y la
demanda. Pero ¿qué ocurre cuando el 67% de la oferta y el 87% de
la demanda de electricidad están en manos de las mismas cinco empresas,
como sucede a día de hoy?
Con la llegada del libre mercado, las empresas “temían” una bajada de los precios, y lograron cubrirse las espaldas.
Así, “si el precio del mercado diario de la electricidad no llegaba a
una cantidad concreta se ponían en marcha unos mecanismos que
garantizaban que las empresas cobraran la cantidad deseada”, precisa
Romero.
Por este concepto, el Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy siguen pagando los consumidores en su factura. A razón de 261 euros cada uno.
Ése fue el primer pago “ilegítimo”, según el ODG, que se derivó de la ley de 1997. Pero desde entonces, indica Romero, “la sangría no ha parado”.
El gran golpe
El segundo gran regalo del Gobierno del PP a las eléctricas se llamó “déficit de tarifa”.
En el año 2000, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció un
límite para el precio de la luz. Sin embargo, se diseñó una arquitectura
para que, en ningún caso, las empresas perdieran.
Las grandes eléctricas pusieron sobre la mesa sus costes, sin que
mediara ningún tipo de auditoría pública. Y el Gobierno los aceptó. Si
el dinero que ingresaban las empresas a través de la factura de la luz
era inferior a esos costes acordados, el Estado le debía esa diferencia a
las empresas. Se había creado la deuda con las eléctricas, que fue creciendo desbocadamente año tras año. (...)
Sería injusto negar cierta clase y estilo al golpe. La deuda, aunque contabilizada como tal, no la paga realmente el Estado, sino millones de consumidores, mes a mes, en su factura de la luz. Y la deuda no es ya con las eléctricas, sino con los tenedores de bonos que le compraron la deuda a las eléctricas, y cobran intereses del 4,5% por los años de demora en el pago. (...)
“Éste es el gran engañabobos de todo este asunto. Ha servido para
justificar todo tipo de tropelías y de cambios de regulación y
consolidación del poder de las eléctricas”, subraya el autor del informe
del ODG, Pablo Cotarelo. “Como no sabemos cuáles son los costes reales,
porque tanto las eléctricas como el Estado no quieren dar acceso a esos
datos, lo que decimos es que se haga una auditoría para ver si realmente existe ese déficit de tarifa y decidir entre todos si realmente debemos pagarlo”, agrega.
Y en éstas llegó la crisis
La euforia de la burbuja inmobiliaria, con su ilusión de crecimiento indefinido, también encandiló al sector eléctrico, que vivió su propia burbuja. Las inversiones llegaron en forma de centrales de ciclo combinado. Pero la euforia no tardó en desinflarse.
La capacidad de generación de electricidad en centrales de ciclo
combinado, alimentadas por gas, se multiplicó por diez entre 2002 y
2010. Pero, con la crisis, el consumo de electricidad no sólo no creció
sino que disminuyó. “Consumimos menos electricidad por la pérdida de
poder adquisitivo. Y las centrales de gas, que tienen costes mucho más
altos que las renovables, se han visto desplazadas en el mercado
diario”, explica Cote Romero.
Las energías renovables habían crecido en esos mismos años en competitividad y eficiencia
hasta convertirse en la principal fuente de electricidad, con el 40%
del mercado español de generación eléctrica. Las centrales térmicas,
especialmente las de ciclo combinado, se habían quedado “obsoletas”,
explica Mario Sánchez Herrero, funcionando a un 10% de su capacidad.
“El sector inmobiliario, el de la construcción, el de las cajas de
ahorro, quebraron –señala este economista–. Y un sector que había hecho
exactamente lo mismo en su ámbito, no quebró. ¡Qué extraño! Se les rescató para que se mantuvieran con los beneficios que venían recibiendo”.
Las reglas establecían que las empresas nunca perderían. Y así fue. Nunca como en los años de crisis subió tanto el precio de la luz y
nunca la deuda generada por el déficit de tarifa, que debían pagar
religiosamente los hogares, fue más alta que en esos años. Pero no
bastaba. Llegaron los llamados pagos por capacidad.
Pagar periódicamente a las grandes eléctricas por unas instalaciones
inactivas, como las de ciclo combinado, por si se necesitan en algún
momento, podría parecer absurdo, más aún en años de sobreproducción de
electricidad, denuncia Cote Romero.
Los pagos por capacidad, reactivados
en 2007 por el Gobierno del PP y camuflados en la factura de la luz, supusieron a los consumidores 12.476 millones de euros,
unos 445 euros por hogar. “Tenemos una sobrecapacidad para cubrir la
demanda. ¿Qué hacemos entonces pagando a determinadas centrales por si
acaso?”, critica Romero.
Déficit de tarifa, pagos por capacidad... ¿por qué no financiar
también a otras grandes industrias con la factura de la luz? ¿Imposible?
Todo es ponerse. En el supuesto de que se produzca un pico de demanda
eléctrica, el Gobierno acordó con los grandes consumidores de
electricidad (acereras, sector cerámico, etc.) la posibilidad de
cortarles puntualmente el servicio para garantizar el suministro a la
población.
A cambio, la factura de la luz incluye otro concepto, los
llamados pagos por interrumpibilidad, por los que los hogares subvencionan a industrias como Acerosa o Porcelanosa con 500 millones al año.
Para Romero, se trata de otra “transferencia de renta ciudadana a las
grandes empresas con un mecanismo que no se llega a poner en marcha. Eso
sí, cobrarlo, lo cobran todos los años”. Entre 2008 y 2013, los
consumidores pagaron a la gran industria 2.700 millones de euros, 96
euros cada uno. Peseta a peseta.
Beneficios caídos del cielo
Para Sánchez Herrero, donde se encuentra el principal “agujero oscuro” es en los llamados “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas, centrales
cuyas inversiones ya habían sido amortizadas hace décadas.
Una
singularidad que no es reconocida a la hora de cobrar por la
electricidad que venden en las subastas diarias, donde se paga a todos
los productores de electricidad el precio más alto de todas las
instalaciones que se necesitan para cubrir la demanda. Unas subastas en
las que vendedores y compradores pertenecen a las mismas cinco empresas.
Según el informe El Coste de la energía, si en 1997 no se
hubiera cambiado la forma de calcular el precio de la electricidad, las
familias se hubieran ahorrado en sus facturas de la luz 10.573 millones
de euros, otros 377 euros.
Y que seguirán pagando, sostiene Pablo
Cotarelo, hasta que se audite el sector eléctrico y entre toda la
ciudadanía se decida qué hacer con los cerca de 80.000 millones de pagos ilegítimos a las eléctricas. (...)" ( han conseguido camuflar en millones de operaciones, peseta a
peseta, pagos ilegítimos, según el ODG, por un monto que se acerca al
10% del PIB español.
Entre las razones de esta falta de transparencia, Cote Romero señala la línea directa que tiene el sector eléctrico con el poder político
a través de las puertas giratorias y con los medios de comunicación.
“Todos los consejos de administración de las grandes eléctricas y
energéticas están cruzados con los de los grandes grupos de
comunicación. De ahí que sea muy difícil entrar en los medios con el
debate sobre la energía”.
Para Mario Sánchez Herrero se trata “del negocio del palco del Bernabéu, de siempre ganar”.
Y pone como ejemplo el caso del almacén Castor, que fue paralizado
después de que provocara 500 seísmos. El Estado pagará a la compañía de
Florentino Pérez, ACS, 1.350 millones de euros. Para ser exactos, no lo
hará el Gobierno. Lo pagarán millones de hogares en las próximas
facturas del gas. " (Martín Cúneo, Izaskun Sánchez Aroca
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