¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben hacerlo con las cotizaciones sociales?

"(...) Se ha acabado por aceptar de forma generalizada que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad conforman para el futuro una pirámide de población que pondrá en graves dificultades el mantenimiento del sistema público de pensiones. 

Lo que de ninguna manera tiene por qué ser cierto. Tal argumentación olvida variables tales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, la emigración, incluso el empleo, porque de nada vale que la evolución demográfica sea la correcta si el desempleo es cuantioso. Con cinco millones de parados no tiene sentido incrementar la edad de jubilación.

Tras muchos años de bombardeo ideológico, nos hemos terminado creyendo que la reducción del coeficiente activos/pasivos imposibilita el nivel actual de las pensiones. Pero tal planteamiento debe superarse. Lo importante no es cuántos producen, sino cuánto se produce. Hay tener en cuenta la productividad. 

Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de manera que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error, al fundamentar únicamente sus argumentos en la relación del número de trabajadores por pasivo, ya que, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. 

Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30 % de la población activa española trabajaba en agricultura. Hoy, tan solo el 3 %, pero ese 3% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

La esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las variables significativas si se quiere analizar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino la evolución de la renta per cápita. 

Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo no deberían reducirse, tendrían más bien que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. 

Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Solo el hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de pensiones. Pero entonces no serían los jubilados los únicos que tendrían problemas.

Pero ello nos conduce a la existencia de otro sofisma muy extendido y que también han ido asimilando las izquierdas: la creencia de que el sistema público de pensiones debe ser financiado exclusivamente con cotizaciones sociales; lo que nos introduce en la trampa de la relación activos-pasivos, amén de tener que sostener la presión constante de los que piden que esta figura impositiva disminuya, al tratarse de un gravamen al trabajo. 

En cierta forma, la culpa ha sido del Pacto de Toledo con su reiterada separación de fuentes, que ha dado lugar al equívoco de entender que la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben hacerlo con las cotizaciones sociales? 

Es el Estado con todos sus ingresos el que debe asegurar que todos los trabajadores en su vejez cobren una prestación digna. El obstáculo no estriba en la pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino en las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos. (...)

Muy pocos ciudadanos en este país podrían permitirse el lujo de costear todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos españoles tienen capacidad de ahorro en cuantía suficiente para garantizarse una jubilación digna? La única dificultad se encuentra en que, bajo el imperio del neoliberalismo económico, la tendencia es la contraria. Más sector privado y menos público.

El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos y a los dependientes. Detracción, por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.

En este tema como en otros muchos, si la izquierda está perdiendo la contienda es tan solo porque antes ha perdido la batalla ideológica y ha terminado por asumir el discurso de la derecha y dado por bueno sus argumentos. (...)"           (Juan F. Martín Seco, República, 16/05/2015)