27.3.24

25 aniversario del ataque de la OTAN a Yugoslavia... El bombardeo alteró los equilibrios y expuso al mundo a una inestabilidad que aún perdura. La independencia europea y el orden jurídico internacional se quebraron... El 24 de marzo de 1999, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, fuerzas aéreas y navales de la OTAN lanzaron un ataque con bombas y misiles contra el territorio de la República Federal de Yugoslavia... Los ataques se prolongaron por espacio de 78 días, causaron más de 2.500 muertos, incluidos 87 niños, y produjeron un daño estimado en más de 100.000 millones de dólares. Se arrojaron 9.160 toneladas de explosivos contra las ciudades e infraestructuras del país, civiles en su mayor parte... atacaron depósitos de agua y combustible, puentes, fábricas de automóviles y electrodomésticos, trenes de pasajeros, plantas químicas y refinerías de petróleo, la embajada de la República Popular China en Belgrado, edificios de apartamentos, colegios, un rascacielos, aeródromos, hospitales y centros de maternidad, la sede del Ministerio de Defensa, el edificio de la Radio y Televisión de Yugoslavia e incluso columnas de refugiados albaneses... La guerra contra Yugoslavia fue la primera guerra dictada por criterios geopolíticos imperiales de la era moderna. A partir de ahí, comenzaron una serie de guerras dictadas por intereses geopolíticos cuya culminación es Ucrania (Yarisley Urrutia)

 "El bombardeo alteró los equilibrios y expuso al mundo a una inestabilidad que aún perdura. La independencia europea y el orden jurídico internacional se quebraron. Y aumentó la desconfianza de Rusia hacia las intenciones de ampliación de la OTAN.

El 24 de marzo de 1999, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, fuerzas aéreas y navales de la OTAN lanzaron un ataque con bombas y misiles contra el territorio de la República Federal de Yugoslavia, entonces ya solo compuesta por Serbia y Montenegro. Los ataques se prolongaron por espacio de 78 días, causaron más de 2.500 muertos, incluidos 87 niños, y produjeron un daño estimado en más de 100.000 millones de dólares.

Se arrojaron 9.160 toneladas de explosivos contra las ciudades e infraestructuras del país, civiles en su mayor parte. Unas 15 toneladas de la munición empleada contenían uranio empobrecido, de efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana. Desde entonces, Serbia experimentó un auge de casos de enfermedades oncológicas. Casi 60.000 nuevos pacientes cada año, cifra muy alta para un país de poco más de siete millones de habitantes, sin contar la provincia de Kosovo. Y es el país europeo que presenta mayor porcentaje de muertes provocadas por cáncer.

En los tres meses que duró la agresión, los aviones de la alianza atlántica y los misiles lanzados desde sus buques en el mar Adriático atacaron depósitos de agua y combustible, puentes, fábricas de automóviles y electrodomésticos, trenes de pasajeros, plantas químicas y refinerías de petróleo, la embajada de la República Popular China en Belgrado, edificios de apartamentos, colegios, un rascacielos, aeródromos, hospitales y centros de maternidad, la sede del Ministerio de Defensa, el edificio de la Radio y Televisión de Yugoslavia e incluso columnas de refugiados albaneses. Las bajas en personal y material del Ejército Federal Yugoslavo, oculto y disperso en los bosques, fueron muy reducidas.

La llamada matanza de Racak, donde a juicio (sin pruebas) del jefe de la misión de la OSCE en la región, el estadounidense William Walker, 45 campesinos albanokosovares habían sido asesinados por fuerzas policiales serbias, fue la excusa que activó la Conferencia de Rambouillet, celebrada durante enero y febrero de 1999 en el castillo homónimo al suroeste de París, donde so pretexto de evitar una supuesta limpieza étnica en ciernes en la provincia de Kosovo y Metohija, la OTAN planteó unas condiciones leoninas que el Gobierno yugoslavo no podía aceptar, como la pérdida de soberanía y la presencia en el territorio de 30.000 militares de la alianza atlántica.

Los exámenes de dos comisiones forenses, una bielorrusa y otra finlandesa, no pudieron concluir que los cuerpos hallados en Racak hubieran sido masacrados a quemarropa y que la totalidad de los cadáveres fueran de civiles albaneses. Se sospechó que muchos fueran en realidad de militantes de la banda terrorista albanokosovar UCK caídos en combate. El incidente de Racak dio pie a la OTAN para plantear que las autoridades yugoslavas habían diseñado un plan para acometer una limpieza étnica, cuya existencia también se cuestionó.

A pesar de todas las dudas razonables frente a las acusaciones y pese a la disposición del Gobierno yugoslavo en el último momento de negociar la entrada de tropas de la OTAN en su territorio, el secretario general de la alianza atlántica, el español Javier Solana, instruyó el 23 de marzo al general estadounidense Wesley Clark para que cursara la orden de atacar a Yugoslavia al día siguiente.

El papel de los medios

Se suele admitir que el ataque de la OTAN contra Yugoslavia puso fin al último capítulo de las guerras -impulsadas por Occidente- que asolaron los Balcanes desde principios de los años noventa. Las tensiones separatistas en Kosovo se intensificaron tras la decisión de la banda narcotraficante más radical del separatismo albanés de emprender la lucha armada: el autodenominado Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

Para cuando llegó ese momento, el presidente serbio, Slobodan Milosevic, ya estaba completamente demonizado por los medios de comunicación de Occidente. Así lo estima el periodista y autor Alfredo Serrano, quien escribe que durante la crisis de Kosovo, esos medios se posicionaron a favor del UCK "con el objetivo de embestir contra Milosevic, a pesar de que hasta entonces esa organización había sido catalogada como organización terrorista por el propio Departamento de Estado norteamericano".

Así que, a ojos de la opinión pública española y occidental, cuando las bombas empezaron a caer sobre Yugoslavia, caían sobre un personaje maléfico y sobre los malévolos serbios, que buscaban perpetrar una limpieza étnica en Kosovo, aunque al final fueron ellos los expulsados. Las crónicas de los medios de comunicación asumían sin cuestionamiento ninguno los partes de guerra que distribuía el inglés Jamie Shea, entonces portavoz y jefe de Prensa de la OTAN, que aseguraba que solo se atacaban objetivos militares y con armamento "inteligente".

"Los partes informativos replicaban la verdad de la OTAN: los muertos kosovares siempre eran una masacre étnica de civiles, mientras que los civiles serbios muertos nunca existían. Las viudas y huérfanos entrevistados siempre eran albaneses o bosnios", recuerda Serrano, que explica que en España la OTAN tuvo más fácil difundir su mensaje "porque su secretario general era español y, para más inri, socialista: Javier Solana".

"Si la supuesta izquierda española estaba a favor del ataque al gobierno socialista de Yugoslavia, imagina la derecha", dice Serrano, que afirma que el amplio consenso entre casi todo el espectro político europeo obró que el establishment no cuestionara la destrucción y la matanza, llegándose a calificarlas de "intervención humanitaria".

"Una diferencia con el panorama mediático actual es que entonces los únicos medios eran occidentales, no había acceso a medios internacionales rusos, latinoamericanos, iraníes, libaneses o chinos, como hay ahora. Es decir, éramos más fáciles de engañar", asegura.

Así pasó con el bombardeo el 22 de abril de las instalaciones de la Radio y Televisión de Yugoslavia (JRT), donde murieron 16 trabajadores. La OTAN, en palabras de Jamie Shea, justificó el ataque porque "su labor estaba más allá de la profesionalidad y la ética periodística". En realidad, desde la JRT se difundían todas las imágenes de los bombardeos, donde se podía ver que los objetivos no eran solo militares y que el armamento no era para nada inteligente.

Algunas asociaciones protestaron, como la Federación Internacional de Periodistas. "Pero fue un pequeño ruido de apenas dos días", lamenta Alfredo Serrano, que recuerda el "tremendo consenso" entre la derecha y la socialdemocracia en apoyo a los bombardeos. "Los Verdes alemanes, los primeros", subraya.

¿Un plan con Europa como primer objetivo?

Para perpetrar la agresión de la OTAN a Yugoslavia y la posterior sustracción de una parte de su territorio en aras de una supuesta protección humanitaria se obvió la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU, conculcándose el Derecho Internacional. Las consecuencias derivadas se dejan sentir hoy en un mundo que es resultado del plan subyacente al ataque. En opinión del diplomático y ensayista nicaragüense Augusto Zamora, la agresión fue en realidad el "primer paso" de un plan que en EEUU gestó un grupo de presión que posteriormente llegó al poder con la presidencia de George W. Bush. "Preconizaban el New American Century, según el cual el siglo XXI, después de la destrucción de la URSS, debía ser un siglo estadounidense con EEUU como hiperpotencia", explica. Se quiso redibujar el mundo para acomodarlo a la visión unipolar de EEUU, "una visión mesiánica y que tiene no pocos elementos en común con el sueño de los 1.000 años del III Reich".

A juicio de Zamora, una vez desaparecida la URSS y con la influencia de Rusia en mínimos, EEUU consideró que la primera zona donde debía consolidar su dominación para obrar una reconfiguración mundial era Europa. Kosovo se presentó como un "pretexto ideal para disfrazar una guerra de agresión imperialista" y EEUU involucró a sus aliados en una aventura que en realidad menoscababa sus intereses, considera este diplomático.

En 1999 se creaba la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el euro se acababa de aprobar como moneda común. "Y tanto el euro como la PESC eran considerados por EEUU como una amenaza a su proyecto", explica Zamora, que añade que Washington encontró en Kosovo "la ocasión para lanzar una guerra y alinear obligadamente a la UE con sus tesis".

"Después de la agresión -subraya-, la PESC desapareció. El euro nació golpeado. EEUU puso en marcha su objetivo estratégico: la ampliación de la OTAN hasta las fronteras de Rusia. Aquello no fue una guerra improvisada, jamás estuvieron en juego los DDHH. Pero la guerra cumplió con los objetivos de los impulsores del New American Century y esto llevó finalmente a la guerra de la OTAN en Ucrania".

Una caja de Pandora

"Uno puede iniciar una guerra, pero no puede saber las consecuencias que traerá", recalca Zamora, que recuerda que las agresiones que siguieron en Afganistán, Irak, Libia y Siria, terminaron por escapar del control de EEUU.

"Porque en sus planes, EEUU no consideraba que pudiera haber otras potencias que se les opusieran. Daban por hecho que Rusia estaba muerta, China domada y Europa bajo la bota de la OTAN; el campo estaba abierto para EEUU. Pero esa secuencia se rompe cuando Rusia empieza a reaccionar; primero en Georgia para parar el proyecto de incorporarla a la OTAN y luego, aún más determinante, en Siria, donde su acción fue efectiva y rápida", explica.

"La guerra contra Yugoslavia fue la primera guerra dictada por criterios geopolíticos imperiales de la era moderna. A partir de ahí, comenzaron una serie de guerras dictadas por intereses geopolíticos cuya culminación es Ucrania". Es decir, el plan aplicado por EEUU desde 1999 en Yugoslavia enfrentó sus primeras dificultades en 2008 y experimentó un freno en 2015, en palabras de Augusto Zamora.

Durante el proceso, entre Moscú y Pekín se ha venido tejiendo una sólida alianza a todos los niveles. Téngase en cuenta que durante el bombardeo de Belgrado incluso se atacó la Embajada de China, un hecho sin precedentes. "No fue una equivocación", recuerda Zamora, que describe la acción como intimidatoria, una señal de que EEUU "podía hacer lo que quisiera".

Pero es precisamente esta alianza estratégica entre Rusia y China lo que terminó por romper las aspiraciones del plan New American Century. "Tanto es así, que en 2018 Washington cambia de estrategia; el vector Asia-Pacífico lo denomina ya Indo-Pacífico y en 2021 se retira derrotado de Afganistán. Se olvida del plan de hiperpotencia y plantea una estrategia basada en la construcción de una red de alianzas vitales para hacer frente al resurgir de Rusia y a la emergencia contundente de China. Y en esas estamos", concluye."          (Yarisley Urrutia, Jaque al neoliberalismo, 25/03/24, fuente La Haine)

¿Quién les teme a los controles de precios? En respuesta al shock energético, la Unión Europea ha impuesto un límite de precios general para el gas natural, y varios estados miembro le han puesto un tope a los márgenes de ganancias, los alimentos básicos y los alquileres, además de introducir impuestos extraordinarios... Pero a pesar de la adopción generalizada de controles de precios y del respaldo de algunos economistas prominentes, la corriente económica dominante sigue mostrando aprehensión respecto de cualquier política que pueda alterar las señales de precios... el miedo de los economistas a los controles de precios es infundado y puede tener consecuencias desastrosas. Alemania es un ejemplo útil... la crisis de 2022 ha representado una carga importante para la economía y la sociedad de Alemania. Condujo a una pérdida de producción de corto pazo del 4%, lo que dificultó la recuperación pospandémica del país y generó una caída económica comparable tanto con la pandemia como con la crisis financiera de 2008. Y, para los asalariados, el shock energético de 2022 representó la crisis económica más severa de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (Tom Krebs, Isabella M. Weber)

 "¿Es hora de considerar la incorporación de topes de precios al equipo de herramientas económicas de emergencia? El alza sin precedentes de los precios de la energía como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado mucho examen de conciencia en Europa con respecto a la efectividad de las políticas tradicionales de estabilización económica. En respuesta a este shock energético, la Unión Europea ha impuesto un límite de precios general para el gas natural, y varios estados miembro le han puesto un tope a los márgenes de ganancias, los alimentos básicos y los alquileres, además de introducir impuestos extraordinarios.

Pero a pesar de la adopción generalizada de controles de precios y del respaldo de algunos economistas prominentes, la corriente económica dominante sigue mostrando aprehensión respecto de cualquier política que pueda alterar las señales de precios. En ninguna parte esta reticencia ha sido más pronunciada que en Alemania, donde el uso demorado de topes de precios efectivos podría tener implicancias políticas de amplio alcance.

En un documento de trabajo reciente, decimos que el miedo de los economistas a los controles de precios es infundado y puede tener consecuencias desastrosas. Alemania es un ejemplo útil, dada su alta dependencia del gas natural ruso y del impacto directo del shock energético de 2022 en su economía.

Si bien los economistas alemanes de la corriente dominante minimizaron los efectos del shock y se opusieron a cualquier política destinada a controlar la inflación de los precios de la energía, la crisis de 2022 ha representado una carga importante para la economía y la sociedad de Alemania. Condujo a una pérdida de producción de corto pazo del 4%, lo que dificultó la recuperación pospandémica del país y generó una caída económica comparable tanto con la pandemia como con la crisis financiera de 2008. Y, para los asalariados, el shock energético de 2022 representó la crisis económica más severa de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Ese año, la tasa de inflación de Alemania se disparó a niveles nunca vistos desde los años 1970, superando con creces el crecimiento salarial nominal. Esto condujo a una caída anual de los salarios reales del 4% -la mayor caída interanual en la historia de posguerra del país-. Además de estas pérdidas de corto plazo, existe cada vez más evidencia de que la crisis energética le está causando un perjuicio de largo plazo a la economía alemana. La recuperación sigue siendo lenta y la producción y los salarios reales hoy están 7% y 10% por debajo, respectivamente, de los niveles prepandémicos.

Según el Fondo Monetario Internacional, Alemania fue la única economía desarrollada en experimentar un crecimiento negativo del PIB en 2023, mientras que las proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025 son más bajas que las de la mayoría de las economías comparables. Estas pérdidas de ingresos sin precedentes, combinadas con una mayor incertidumbre, ayudan a explicar la ansiedad económica de los asalariados alemanes.

Por otra parte, estas tendencias contradicen las aseveraciones de los economistas de que Alemania ha capeado el shock energético con una naturalidad sorprendente, así como el comentario del ministro de Finanzas, Christian Lindner, de que llegó la hora de una “normalización” de la política fiscal. El establishment de la política económica parece demasiado ansioso por proclamar que la crisis quedó atrás e imponer medidas de austeridad potencialmente desastrosas.

El verano de 2022 es un ejemplo. En un principio, Alemania respondió de manera efectiva ante el shock energético lanzando un ambicioso programa de contratación pública. Pero los responsables de las políticas esperaron demasiado tiempo para introducir controles de los precios de la energía. A pesar del descontento por la caída de los estándares de vida y la abrumadora popularidad de los topes de precios energéticos, el gobierno alemán propuso un gravamen al precio del gas (Gasumlage), una medida que apoyaron los economistas que se oponían a los topes de precios.

La estrategia de “esperemos a ver” del gobierno alemán frente al shock de precios de la energía prolongó innecesariamente un período de mayor inseguridad económica y contribuyó a un marcado incremento en el apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland). El creciente ímpetu de AfD recién comenzó a flaquear después de que el gobierno cambió el curso e introdujo un freno de los precios de la energía como parte de un importante paquete de estabilización, conocido como Doppel-Wummus (“doble impacto”), en septiembre de 2022.

Una vez introducidos, estos topes de precios lograron proteger a los hogares del shock de Ucrania, pero el gobierno nunca estableció un tope de precios efectivo para la base industrial del país. El gobierno delegó la responsabilidad para el diseño del freno de los precios de la energía en un panel de economistas, la mayoría de los cuales se oponía fuertemente a cualquier medida más allá de simples pagos de suma fija al sector industrial. Esto implicó que las empresas manufactureras tuvieran poco incentivo para mantener la producción frente al alza estratosférica de los costos energéticos.

Es difícil sobreestimar las consecuencias calamitosas de esta política. La falta de una estrategia industrial coherente, sumada a la decisión de ajustar la política fiscal en medio de una crisis, podrían anunciar el fin de la proeza manufacturera de Alemania tal como la conocemos.

De todos modos, la pregunta sigue siendo: ¿podemos derrotar la oleada populista? Los potenciales beneficios económicos de los controles de precios de la energía -una respuesta política efectiva a los shocks energéticos alimentados por una incertidumbre de precios endógena- sugieren que la respuesta es afirmativa. Si bien los economistas de la corriente predominante suelen rechazar de llano los controles de precios, con el argumento de que, invariablemente, son subóptimos, la incertidumbre de precios inherente a los mega-shocks geopolíticos como la guerra en Ucrania subraya la necesidad de que los gobiernos reconsideren sus presunciones.

Sin duda, los topes de precios solo deberían utilizarse como un último recurso. Si bien brindan un alivio temporario, su efectividad depende de cómo los aprovechen los responsables de las políticas para enfrentar las escaseces de suministros. Es preferible generar reservas de materias primas esenciales a depender exclusivamente de medidas provisionales. De todas maneras, ganar tiempo es mejor que permitir que los shocks de oferta les causen estragos a nuestras economías y sociedades."

Tom Krebs, a former senior adviser at the German Finance Ministry, is Professor of Economics at the University of Mannheim and a member of the German Minimum Wage Commission. Isabella M. Weber, Associate Professor of Economics at the University of Massachusetts Amherst. Project Syndicate, 26/03/24)

Los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ¿cuál es el compromiso de Amnistía Internacional? El objetivo de la organización es conseguir la mayor protección posible de las personas que ejercen el trabajo sexual... Una de las medidas es la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso... los Estados deben defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no sólo cuando lo dejan, sino también durante su ejercicio... A efectos de la despenalización, Amnistía diferencia el trabajo sexual de la trata y la explotación sexual. Por trabajo sexual se entiende la prestación consentida de servicios sexuales a cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas (para fines que incluyen la explotación sexual) constituyen graves abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delito... Amnistía InternacionaI considera que las trabajadoras sexuales tienen menor riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones... El consentimiento es fundamental para diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas, la explotación sexual y la violencia sexual y de género... Los Estados tienen la obligación de protegerlas frente a la explotación, pero también de reconocer y respetar la participación activa y la capacidad de decidir de las personas adultas de ejercer trabajo sexual consentido... Los Estados deben garantizar que las trabajadoras sexuales participan en la elaboración de todo marco normativo y son consultadas al respecto y que sus diversas experiencias son tenidas en cuenta a la hora de diseñar la regulación

 "Sabemos que no se trata de un terreno cómodo para una organización de derechos humanos. Con frecuencia, los debates sobre el trabajo sexual o la prostitución son polémicos y suscitan opiniones enfrentadas. Sin embargo, como organización de defensa de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación, teníamos la obligación de dar respuesta a la situación de uno de los colectivos más marginados, vulnerables y estigmatizados del mundo, que se enfrenta de forma cotidiana a violaciones continuas de sus derechos humanos1. Quienes ejercen el trabajo sexual se ven obligadas a vivir al margen de la ley y apenas cuentan con protección frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos. Además, no suelen tener acceso a un recurso efectivo ni reparaciones.

¿Cual es la posición de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual?

Amnistía Internacional aborda este tema desde el prisma de las normas internacionales de derechos humanos, ofreciendo un marco para proteger a las trabajadoras y trabajadores sexuales frente a las violaciones y los abusos.

El objetivo de la organización es conseguir la mayor protección posible de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y pone el peso en la responsabilidad de los Estados en cuanto a su obligación de poner en marcha medidas que garanticen esa protección frente a la violencia y la injusticia.

Una de estas medidas es la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso. Amnistía pide a los Estados que eliminen la regulación penal y toda otra regulación punitiva del trabajo sexual consentido entre personas adultas, dado que está demostrado que la penalización refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia. Además, los Estados deben defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no sólo cuando lo dejan, sino también durante su ejercicio.

Pero Amnistía también pide a los Estadosmedidas para eliminar la discriminación, las desigualdades estructurales y los estereotipos de género. Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación influyen enormemente en que una persona se dedique al trabajo sexual. Sin embargo, la criminalización no es la respuesta a este problema. Los Estados tienen el deber de garantizar que nadie vive en condiciones de privación extrema y deben hacer efectivo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida alimentación, vestido y vivienda adecuados. Asimismo, deben adoptar medidas para luchar contra la discriminación de las mujeres en el trabajo, ya que muchas de las formas alternativas de trabajo disponibles para las mujeres que se dedican o están considerando la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual implican condiciones de trabajo muy precarias y están mal pagados, por lo que el trabajo sexual puede resultar preferible para algunas personas a la hora de conseguir ingresos esenciales.

Por otro lado, y desde una perspectiva educativa, Amnistía Internacional ha trabajado ampliamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y, en este marco, exige a los Estadoscumplir con su obligación de promover la formación afectivo-sexual de los jóvenes, de manera que se generen modelos saludables y justos de sexualidad, que promuevan la igualdad de género.

La diferencia entre trabajo sexual, trata, violencia, y explotación sexual

A efectos de la despenalización, Amnistía diferencia el trabajo sexual de la trata y la explotación sexual. Por trabajo sexual se entiende la prestación consentida de servicios sexuales a cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas (para fines que incluyen la explotación sexual) constituyen graves abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delito. En virtud del Protocolo de Palermo, los Estados tienen la obligación de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas y de proteger los derechos humanos de las víctimas de trata. Por otro lado, los niños y niñas implicados en actos de comercio sexual son víctimas de explotación sexual, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo como una de las peores formas de trabajo infantil y un grave abuso contra los derechos humanos.

La explotación en el contexto del comercio sexual adopta diversas formas que van desde violaciones de los derechos laborales (por ejemplo de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo) hasta formas muy graves de explotación que incluyen prácticas equivalentes a la servidumbre y el trabajo forzado. Amnistía InternacionaI considera que las trabajadoras sexuales tienen menor riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones.

El consentimiento

Amnistía Internacional disiente de la idea de que nadie pueda consentir a realizar el trabajo sexual, de que todo trabajo sexual sea violencia de género.

El consentimiento es fundamental para diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas, la explotación sexual y la violencia sexual y de género. Amnistía entiende por tal el acuerdo voluntario y vigente para realizar una actividad sexual específica a cambio de un precio determinado. Es muy importante comprender que consentir no significa consentir la violencia y que las trabajadoras sexuales pueden modificar o retirar en cualquier momento su consentimiento para vender servicios sexuales. En caso de que no exista, la práctica sexual es violación y es un delito.

La suposición por parte de los agentes públicos o los clientes de que una trabajadora sexual por el trabajo que realiza siempre consiente mantener relaciones sexuales da lugar a violaciones de derechos humanos, en especial en relación a su seguridad, acceso a la justicia e igualdad de protección ante la ley.

La idea de que las trabajadoras sexuales nunca pueden consentir mantener relaciones sexuales porque nadie consentiría racionalmente vender servicios sexuales también tiene consecuencias negativas sobre ellas.

Sin duda la decisión de ejercer trabajo sexual puede venir determinada por situaciones de pobreza y marginación. Sin embargo, esas situaciones no anulan su capacidad de decisión sobre su propia vida, salvo que se trate de coacción, amenazas, violencia o abuso de autoridad.

Las personas que toman decisiones en contextos de pobreza, situación administrativa irregular, desplazamiento o conflicto corren un mayor riesgo de explotación, que se incrementa por la criminalización a la que se ven sometidas. Los Estados tienen la obligación de protegerlas frente a la explotación, pero también de reconocer y respetar la participación activa y la capacidad de decidir de las personas adultas de ejercer trabajo sexual consentido.

La regulación del trabajo sexual debe respetar los derechos humanos, incluida la participación de las trabajadoras sexuales

Amnistía Internacional no es una organización “regulacionista”, ya que no aboga por una forma exacta que debe adoptar la regulación relativa al trabajo sexual, tampoco sobre la necesidad de que esas medidas formen parte de las leyes generales que regulan otros sectores o prácticas laborales en un país. Lo que sí defendemos en todo caso es que esto debe determinarse en colaboración con las trabajadoras sexuales y cumplir las normas de derechos humanos.

Además, y más allá de cómo esté o no regulado el trabajo sexual, los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las personas, incluidas las que ejercen trabajo sexual tienen derecho a condiciones de trabajo justas y favorables (que incluyan cuestiones de seguridad) y están protegidas frente a la explotación, incluidas las que trabajan por cuenta propia o se ganan la vida en entornos informales.

El derecho a la participación de las trabajadoras y trabajadores sexuales en los asuntos que les afecten es también un derecho humano. Los Estados deben garantizar que las trabajadoras sexuales participan en la elaboración de todo marco normativo y son consultadas al respecto y que sus diversas experiencias son tenidas en cuenta a la hora de diseñar la regulación, como Amnistía ha defendido en relación con el proceso de elaboración de la Ley de Libertad Sexual.

Amnistía pide que los Estados garanticen que ninguna persona se vea obligada a prestar servicios sexuales para sobrevivir o que toda persona pueda dejar el trabajo sexual si decide hacerlo

La propia discriminación interseccional y estructural que limita las oportunidades de empleo de las personas que se plantean la opción de vender servicios sexuales, actúa como obstáculo para que estas puedan dejar el trabajo sexual. Las mujeres, incluidas las mujeres trans, enfrentan mayores dificultades de acceso a la educación y al empleo. Especialmente difícil resulta dejar el trabajo sexual a mujeres con responsabilidades familiares y dificultades de conciliación o que ven limitados sus derechos de acceso a la tierra, a la propiedad o a la herencia, o que viven en culturas muy machistas. A ello se suma que pueden tener antecedentes penales.

Los Estados tienen la obligación de abordar la discriminación y la desigualdad de género e interseccional y proporcionar una red de seguridad social suficiente para garantizar que nadie tiene que depender del trabajo sexual a causa de la pobreza o la discriminación, y que todas las personas pueden dejar el trabajo sexual cuando lo deseen. Ello incluye medidas de educación y formación eficaces y puestos de trabajo alternativos libremente elegidos, así como protección frente a la discriminación por el trabajo ejercido anteriormente.

La legalización del trabajo sexual

En el ámbito del derecho internacional la legalización se entiende como un enfoque centrado más en los intereses políticos y económicos que en la defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, por eso Amnistía toma distancia respecto de este modelo, implantado en Alemania, por ejemplo.

La legalización implica la regulación y el control directos del trabajo sexual por parte del Estado, por ejemplo mediante leyes que limitan el número de personas que pueden dedicarse a él, la zonificación de los establecimientos o la imposición de controles obligatorios de VIH. La policía sirve para cumplir el marco jurídico, no para proteger a las trabajadoras sexuales de violencia y otros delitos. No deja libertad a las trabajadoras para organizarse ya que se limita a burdeles para los que se necesita licencia. Las trabajadoras que salen de ese marco se convierten en ilegales, objeto de penalización. En definitiva, algunas de las regulaciones de este modelo violan directamente los derechos humanos.

¿Qué pide Amnistía Internacional?

  1. Amnistía pide a los Estados que reformulen las leyes para reorientarlas a la protección jurídica plena e igualitaria, en lugar de a la criminalización, y conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura, y que a la vez se aborden de forma efectiva la trata de personas, la explotación sexual, la violencia sexual y de género y todas las formas de discriminación y la desigualdad de género. Que ninguna persona se vea obligada a continuar en el trabajo sexual por falta de alternativas.
     
  2. Amnistía pide a los Estados que garanticen la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que ejercen el trabajo sexual y, en particular, el acceso a la salud y a una vivienda adecuada.
     
  3. Amnistía pide a los Estados que se tomen medidas para luchar contra el estigma y contribuir al empoderamiento de las y los trabajadores sexuales con un reconocimiento y respeto hacia la participación activa de las personas implicadas en la articulación y definición de soluciones más apropiadas para garantizar su bienestar.

Más información

Para llevar a cabo la política de Amnistía InternacionaI respecto al trabajo sexual se siguió un proceso que comenzó en el 2014 y concluyó en el 2016 y que incluyó una amplia consulta en todo el movimiento internacional: cuatro investigaciones propias que se llevaron a cabo en países con diferentes contextos socio económicos y diferentes marcos legislativos: Buenos Aires, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además se hizo un examen exhaustivo de la legislación sobre derechos humanos existente en todo el mundo, del análisis y las jurisprudencia de expertos y órganos internacionales de derechos humanos, así como de estudios de todo el mundo realizados por especialistas, gobiernos, organizaciones internacionales y otras entidades que investigan de forma independiente. Además, Amnistía Internacional llevó a cabo un diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras /es sexuales en relación al marco normativo en España y realizó investigaciones en Túnez, República Dominicana e Irlanda.

La posición de Amnistía además está basada en datos de fuentes entre las que figuran organismos de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres y el relator especial sobre el derecho a la salud. También hemos examinado las posturas adoptadas por otras organizaciones como Anti-Slavery International, La Alianza Global contra la trata de Mujeres y Human Rights Watch, entre otras.

1 Entre las violaciones de derechos humanos a las que este colectivo está expuesto a sufrir están: la violencia física y sexual, la detención arbitraria, la extorsión y el acoso, la discriminación, la explotación y la trata de personas, la exclusión de los servicios de salud, la falta de acceso a una vivienda y los desalojos forzosos, la falta de acceso a protección jurídica y social."                  ( Amnistía Internacional, 02/062022)

La trama de la privatización de la sanidad: la red de empresas que conecta al Grupo Quirón con el PP de Aznar y Ayuso

"La habitación tendría que estar llena de humo, pero el «padrino» ha prohibido que se fume. Por discreción, seguridad o manías del viejo, seguimos usando su antiguo despacho para las reuniones importantes. El grupo más selecto de «pezzonovante» de la mafia genovesa y sus «consiglieri» más cercanos abarrotan el antiguo recinto. Tres abogados de la organización han repartido unos legajos y el jolgorio resultante es apenas contenido.

Buenas noticias para todos, buenos negocios.

El más atrevido de los «boss» amaga con batir las palmas, pero se frena ante la dura mirada del «padrone»… unas gotas de orina corren por su pierna derecha. El silencio se hace sepulcral…

Tras la mesa de nogal, el viejo susurra…

— Esta tarde, aprovechando el bautizo del último de mis nietos, quiero cortar el pastel y repartirlo con las diferentes familias. Como ya sabéis, construiremos los hospitales y posteriormente los gestionaremos… en los documentos que tenéis en las manos están todos los detalles… los políticos, banqueros y jueces que tenemos en nómina… ya están informados. Tenéis mi garantía personal.

Todo estaba dicho. La reunión había finalizado.

Antes de abandonar el despacho los presentes, uno a uno, cumplieron con el antiguo ritual de besar la mano del padrino, tras depositar ceremoniosamente, en la mesa de nogal, abultados sobres de color esparto.

Este juego con la ficción (con el permiso de Mario Puzzo) me da pie a iniciar un relato real, un relato en el que el cúmulo de «causalidades» que suelen hacer tediosos mis artículos, presenta evidencias de una operación concertada, auspiciada por elementos que ocuparon cargos muy relevantes en la administración española y coordinada con el Grupo Quirón, para lanzar una OPA salvaje contra la sanidad pública.

Si retrocedemos en el tiempo, a través de los datos del registro mercantil, hasta los orígenes de las sociedades beneficiadas por la ofensiva que antes les mencionaba, encontraremos la primera de esas “causalidades” que hacen argamasa en un relato que nos llevara por inesperados derroteros.

El origen

Un 10 de abril de 1997 (gobernando Aznar en minoría) se aprobaba en el Congreso de los Diputados la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública.

Todo el arco parlamentario, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, apoyaron la envenenada propuesta, PSOE incluido.

Un negocio redondo para las privadas, sin riesgo, garantizado… financiación pública y clientela asegurada.

El “pezzonovante” valenciano Eduardo Zaplana no perdió ni un minuto, ese mismo mes comenzó la construcción del Hospital de Alzira, que pasaría a gestionar Ribera Salud y que serviría como estandarte de la política sanitaria del Partido Popular durante años.

Otra de las “organizaciones” pioneras en el saqueo fue IDCSALUD HOLDING SL, también conocida como CAPIO SANIDAD HOLDING SL y que en su origen uso el alias de POITIERS DEVELOPS SL.

IDCSALUD HOLDING SL acabo mutando en el GRUPO QUIRÓN, un monstruo comercial ideado para canalizar cientos de millones de euros públicos hasta las fauces de las elites extractivas.

IDCSALUD HOLDING SL fue constituida un 24 de noviembre de 2010 como POITIERS DEVELOPS SL y contaba con dos administradores únicos con un único objetivo, facilitar el desembarco de la sociedad instrumental holandesa HC INVESTMENT BV, estos dos “colaboradores necesarios” eran, Rosario Pérez Gómez y Juan Picón Garcia De Leaniz.

A Rosario Pérez Gómez me la encontraría años más tarde configurando la estructura empresarial de la trama de Jose Luis Aneri Molina, el estafador, condenado, que trapicheaba con los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, un tema que salpicaba a cargos del Partido Popular. En este turbio asunto también aparecía Juan Jose Garcia Ullastres.

Rosario, prolífica urdidora de sociedades fantasma, acabo coincidiendo con Juan José Güemes Barrios (Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 2007 a 2010 durante el gobierno de Esperanza Aguirre) en la sociedad ORVAULT INVESTMENT SL (2011).

Rosario, que puso la primera piedra de POITIERS DEVELOPS SL- CAPIO SANIDAD HOLDING SL -IDCSALUD HOLDING SL- y el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid… ríanse del azar.

Güemes llegó a ser imputado en 2013 por malversación de caudales públicos, pero la causa se archivó, lo que si quedo demostrado fue que Unilabs, integrada en el grupo Capio y beneficiada por concesiones de Güemes como Consejero de Sanidad, lo tenía en nómina.

Otra causalidad fue poder situar al personaje a un par de pasos de INSTALIBERO DISTRICT SL, la sociedad controlada por Israel Pilar Ortiz que, según los investigadores, se usó para pagar a Koldo.

Y que contarles del otro implicado en la gestación del GRUPO QUIRÓN, Juan Picón Garcia de Leaniz, ya fallecido, el Ton Hagen del padrino Aznar, socio y abogado fiel de la familia, llegó a dirigir el bufete DLA PIPER, para el que trabajo desde 2006 hasta 2017.

En la operación de saqueo del IVIMA, Francisco Javier Picón García de Leaniz, hermano de Juan, figuraba como administrador solidario de Encasa Cibeles, S.L., la empresa pantalla usada por Goldman Sachs y Azora para quedarse con un buen lote de viviendas públicas.

En 2013, Juan Picón incorporo a José María Aznar al equipo de abogados citado, el mismo que había recibido en 2003 1,7 millones de € para difundir la imagen de Aznar en EE. UU. y lograr la concesión de la medalla de oro del Congreso estadounidense.

DLA Piper nació en 2005 tras la fusión de DLA, (Reino Unido), Gray Cary Ware & Freidenrich, (EE. UU.) y Piper Rudnick, con base en Chicago (EE. UU.).

Y el mismo al que acude Ayuso para que le programe sus viajes a Florida y sobre cuyos gastos se niega a informar en la Asamblea Madrileña.

Juan Picón – DLA PIPER – GRUPO QUIRÓN

Picón estructuró la ofensiva contra la sanidad, uniendo el destino de los inversores en tres divisiones denominadas Theatre Directorship Services, espejo de otras radicadas en Luxemburgo, el paraíso fiscal donde se ubica la capital de la Unión Europea.

Tras las Theatre Directorship Services se esconden los diversos actores que participaron en la operación, más de 60 sociedades forman parte de su núcleo principal, si analizamos el origen de las que en algún momento han ejercido cargos de dirección en el conglomerado, podemos comprobar como 4 de ellas nacen en IC NON RESIDENTS, un chiringuito especializado en vehicular capitales de ciudadanos no residentes en nuestro país, otras cinco tiene su origen en La Torre y Asociados, el mismo despacho que facilitó a la Infanta Cristina la sociedad GLOBAL CINOSCEFALOS SL (implicada en el caso NOOS).

Si siguen mis hilos, La Torre y Asociados les resultará familiar, ya aparecía vinculado a De Aldama, uno de los capos de la trama Koldo a través de la sociedad BRAMA CAPITAL SL.

De este despacho también surgió GLOBAL GLAUDIUS SL, uno de los canales que usaron los empresarios y cabecillas del mismo caso para blanquear parte del botín, un supuesto negocio de venta de pizarra que rebautizaron con el genérico, PIZARRAS SANTA BARBARA SL.

En cuanto a IC NON RESIDENTS, dos o tres pinceladas bastarán para aclarar su papel…

Ya saben que José María Aznar Botella trabaja para HAYA REAL ESTATE…

Y que Oleguer Pujol Ferrusola trabajaba para el mismo fondo que el hijo del padrino…

Aparte de fondos buitre cono Cerberus o Blackstone, en esta cloaca también podemos encontrar a Emiliano Córdoba Fernando, uno de los testaferros de Francisco Correa (Gürtel) o a los colegas de Rato que manejaban agencias de publicidad y un último caso para no aburrirles, el de Jose Ramón Barroso, socio del amigo ganadero de Ayuso que se pasó al sector sanitario durante la pandemia Daniel Alcazar Barranco.

Ya ven que este mundillo de los negocios amañados es un puto pañuelo.

Recapitulando:

Aznar dispone en 1997 la ley que permite a QUIRÓN meter la mano en la sanidad pública, años más tarde (2010) es su mano derecha quien estructura las operaciones de POITIERS DEVELOPS SL- CAPIO SANIDAD HOLDING SL -IDCSALUD HOLDING SL, el germen del grupo sanitario.

Declaración de bienes e intereses de Javier Fernández-Lasquetty

Juan Picón Garcia De Leaniz, que ya operaba para DLA PIPER, es uno de los socios del INSTITUTO ATLÁNTICO DE GOBIERNO de José María Aznar, del que también tiene acciones el que fuese consejero de Sanidad de la comunidad madrileña Javier Fernández-Lasquetty, sucesor del Güemes vinculado a la madre del invento Rosario Pérez Gómez que a su vez opera con Fructuoso y Ullastres, formando equipo con Picón.

Ejemplo:

En LEGAL MANAGENENT ADVISORY, cobertura de FTS HOLDINGS coinciden Picón, Fructuoso y Ullastres.

Al segundo, Ullastres, ya lo habíamos ubicado en diversos escenarios del crimen… facilitando sociedades a Villarejo, responsable de la creación de INSTALIBERO DISTRICT SL (caso Koldo) o acompañando a Isabel en el caso Aneri.

Vinculado también a los negocios de Florentino Pérez y Javier Tebas.

Fructuoso por su parte «Junior Asociate» de DLA PIPER, es uno de los habituales que secundan a Picón, no fue ninguna sorpresa toparme con una de sus sociedades Bonorva Investments SL entre el entramado de Luis Fernando Vuteff, casado con una de las hijas del que fuera alcalde de Caracas Antonio Ledezma, dedicado a blanquear el botín obtenido del saqueo de la petrolera venezolana PDVSA.

Esta red, mezclada con las cloacas de interior, protagoniza uno de los capítulos más oscuros y repugnantes de la historia del Partido Popular, y ya les adelanto que el próximo artículo versara sobre ese montón de mierda.

DLA PIPER: El saqueo

DLA PIPER, desde el comienzo de sus operaciones en nuestro país, ha estado relacionado directamente con gobiernos del Partido Popular, la operación de la medalla de Aznar, la gestión durante unos años de los expedientes sancionadores a los empleados del Canal de Isabel II o los trabajos realizados para la administración regional de Isabel Díaz Ayuso.

DLA PIPER, paralelamente, ha participado en todos los procesos de fusión y absorción que configuraron la estructura del GRUPO QUIRÓN y sus asociados, vehiculando otras operaciones a través de la estructura de las instrumentales Theatre Directorship Services.

La historia de DLA PIPER es la historia del saqueo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica.

Su papel, como ya hemos dicho, facilitar las estructuras de desembarco de fondos buitre y de inversión, contando con la inestimable colaboración de todo un expresidente del país, al que imagino sentado en su despacho, con los pies encima de la mesa, mientras conducía a Picón por el vericueto correcto. Garantizado, todo garantizado."                    (Ramón Cuesta, Diario Red, 27/03/24)

Durante cinco meses, Israel ha estado persiguiendo "victorias tácticas" para recuperar su imagen de omnipotencia militar perdida el 7 de octubre. Pero esta desviación infructuosa significa que Tel Aviv ahora enfrenta una "derrota estratégica" en Gaza... ¿Qué ha conseguido Israel hasta ahora? Los "avances" logrados en la Franja de Gaza, aunque significativos desde el punto de vista táctico, no han hecho avanzar de forma efectiva el objetivo estratégico de eliminar a Hamás... el asalto a Gaza se ha saldado con la masacre masiva de civiles palestinos, sobre todo mujeres y niños, la censura generalizada en todo el mundo y miles de soldados y oficiales israelíes muertos y heridos. Este trágico balance ha empañado de forma permanente la imagen internacional de Israel, socavando sus cuentos de hadas de "democracia" y "victimismo" y convirtiendo a Tel Aviv en el principal responsable del terrorismo de Estado en el mundo... Netanyahu y su gabinete de guerra han caído en una trampa clásica: permitir que victorias pírricas les distraigan de una victoria global... así que Washington ha intervenido para evitar la derrota estratégica de su aliado. La propuesta de resolución estadounidense hace hincapié en una estrategia política a largo plazo destinada a integrar aún más a Israel en la región mediante acuerdos de normalización... La cuestión crucial que se plantea es si la intervención estadounidense logrará realmente preservar los objetivos estratégicos de Israel

 " En una lucha como ésta, el centro de gravedad es la población civil. Y si haces que caigan en manos del enemigo, conviertes la victoria táctica en derrota estratégica".

El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, lanzó esta advertencia a Israel en diciembre, durante su intervención en el Foro de Defensa Nacional Reagan, en California. Basándose en las duras lecciones aprendidas en las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, Austin subrayó que ganar batallas sobre el terreno no garantiza una victoria estratégica e incluso puede conducir a una derrota estratégica - si Israel se niega a mirar el panorama general.

Esta es una de las principales fuentes de presión de Washington sobre Tel Aviv, especialmente a la luz de las diferentes visiones políticas de los aliados para Gaza en la posguerra y la crisis humanitaria artificial que Israel ha impuesto en la Franja. Se trata de una filosofía arraigada en la previsión, que se hace eco de la sabiduría de Robert Greene en sus 33 Estrategias de Guerra: "La gran estrategia es el arte de mirar más allá de la batalla presente y calcular hacia delante".

Objetivos de guerra declarados por Israel

El gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha esbozado dos objetivos principales para la guerra de Gaza: desmantelar la infraestructura militar de Hamás y garantizar la liberación de los prisioneros detenidos desde el 7 de octubre. Netanyahu amplió posteriormente estos objetivos, añadiendo un tercer objetivo crucial: garantizar la incapacidad de Gaza para amenazar la seguridad del Estado de ocupación en el futuro. Por consiguiente, el éxito del brutal ataque militar israelí contra Gaza depende de la consecución de estos objetivos fundamentales.

A pesar de sus objetivos comunes, han surgido disparidades entre los enfoques estadounidense e israelí. Aunque ambos abogan por neutralizar a Hamás, el gobierno de Biden defiende una estrategia más orientada políticamente, mientras que Netanyahu busca un enfoque casi totalmente centrado en lo militar.

Hamás, por su parte, anunció tres objetivos principales de la Operación Al-Aqsa Flood inmediatamente después de los acontecimientos del 7 de octubre. En primer lugar, el éxito en la realización de un intercambio de prisioneros con la entidad enemiga. Segundo, tomar represalias contra la agresión israelí en la Cisjordania ocupada y salvaguardar la mezquita de Al-Aqsa de los colonos extremistas. En tercer lugar, volver a situar la cuestión palestina en la escena mundial.

Táctica frente a estrategia

La sabiduría atemporal del general chino Sun Tzu en su Arte de la guerra distingue entre maniobras tácticas y previsión estratégica: "Todo el mundo puede ver las tácticas que se emplean para derrotar al enemigo en la guerra, pero lo que nadie puede ver es la estrategia de la que surge la gran victoria".

En la guerra, los objetivos tácticos se centran en ganancias a corto plazo: enfrentamientos específicos o avances territoriales. En cambio, los objetivos estratégicos requieren una visión a largo plazo, alineando las acciones militares con las prioridades políticas. En esencia, la táctica busca responder al "cómo", mientras que la estrategia responde al "por qué" del compromiso militar, en última instancia con un fin político.

Cualquier Estado o parte en un conflicto puede alcanzar objetivos tácticos destacando en las maniobras en el campo de batalla, utilizando una tecnología superior o disponiendo de fuerzas mejor entrenadas y equipadas. Pero ganar batallas -es decir, alcanzar objetivos tácticos- no significa necesariamente ganar la guerra.

Esta discrepancia se produce porque el efecto acumulativo de las victorias tácticas puede no alinearse con los objetivos estratégicos más amplios o no contribuir adecuadamente a ellos. Aunque las tácticas son esenciales para ganar batallas, deben utilizarse como parte de una estrategia encaminada a alcanzar los objetivos últimos de la guerra.

La historia ofrece varios recordatorios aleccionadores de los peligros de dar prioridad a la táctica sobre la estrategia. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos logró numerosas victorias tácticas, pero fracasó estratégicamente. A pesar de infligir grandes pérdidas, el objetivo más amplio de fomentar un Vietnam del Sur no comunista siguió siendo difícil de alcanzar. La guerra más larga de Estados Unidos, en Afganistán contra los talibanes, terminó con otra retirada humillante, sólo para que los talibanes volvieran a tener un poder político sin precedentes en todo el país. 

El estimado historiador israelí y crítico del sionismo, Ilan Pappe, cree que los fracasos de la guerra genocida contra Gaza conducirán en última instancia a la caída de la entidad sionista, siendo la guerra el capítulo más peligroso de la "historia de un proyecto que lucha por su existencia".

    No es el momento más oscuro de la historia de Palestina; se escribiría como el principio del fin del proyecto sionista.

¿Qué ha conseguido Israel hasta ahora?

Hoy, después de un récord de cinco meses de operaciones militares israelíes en Gaza, matando a más de 30.000 civiles, hiriendo a muchos más y demoliendo la mayor parte de la infraestructura crítica de Gaza, se hace evidente que el enfoque de Netanyahu en las victorias tácticas ha llevado a una desconexión con los objetivos estratégicos más amplios de la guerra.

Los "avances" logrados en la Franja de Gaza, aunque significativos desde el punto de vista táctico, no han hecho avanzar de forma efectiva el objetivo estratégico de eliminar a Hamás, el principal objetivo de guerra declarado de Tel Aviv. Por el contrario, los informes estadounidenses afirman que el 80% de la infraestructura militar clave de la resistencia palestina permanece intacta.

Esto ha dejado a Netanyahu ante un dilema crítico: la búsqueda de ganancias tácticas ha tenido un alto coste, poniendo en peligro la consecución de sus objetivos estratégicos. Su asalto a Gaza se ha saldado con la masacre masiva de civiles palestinos, sobre todo mujeres y niños, la censura generalizada en todo el mundo y miles de soldados y oficiales israelíes muertos y heridos.

Este trágico balance ha empañado de forma permanente la imagen internacional de Israel, socavando sus cuentos de hadas de "democracia" y "victimismo" y convirtiendo a Tel Aviv en el principal responsable del terrorismo de Estado en el mundo. Además, las acciones de Israel han dado lugar a acusaciones de genocidio y violaciones de los derechos humanos en la escena internacional, entre las que destaca el reciente caso de gran repercusión en el Tribunal Internacional de Justicia.

Netanyahu y su gabinete de guerra han caído en una trampa clásica: permitir que victorias pírricas les distraigan de una victoria global.

Como dice Edward Luttwak en su libro The Grand Strategy of the Roman Empire, la estrategia "no consiste en mover ejércitos a través de la geografía, como en el juego del ajedrez. Implica toda la lucha de fuerzas hostiles, que no tiene por qué tener una dimensión espacial en absoluto".

Lo que está ocurriendo hoy en Jan Yunis es una prueba fehaciente de que el ejército de ocupación aún está lejos de alcanzar sus objetivos estratégicos. A pesar de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, ha alardeado de que Hamás ha sido "desmantelado" en Jan Yunis, los continuos enfrentamientos en la zona entre las fuerzas de ocupación y los combatientes de la resistencia invalidan estas afirmaciones israelíes.

Además, el desafío de Netanyahu al enfoque marginalmente más moderado de la administración Biden ha tensado las relaciones entre los dos aliados. Las comunicaciones filtradas y las declaraciones oficiales ponen de manifiesto la profunda preocupación de Washington por la conducta de Israel. 

Aunque Israel sigue siendo un socio estratégico clave para EE.UU., la discordia derivada de la guerra de 5 meses en Gaza amenaza con afectar a las futuras relaciones bilaterales, especialmente con la continuación del gobierno extremista en Tel Aviv.

La resistencia entiende la estrategia

En la otra cara de la guerra, la resistencia palestina mantiene su objetivo estratégico de resistir a la ocupación y frustrar los objetivos militares israelíes. La disposición de Hamás a entablar negociaciones en sus términos también demuestra su resistencia y fortaleza constantes.

Además, el apoyo de facciones aliadas en el Eje de Resistencia de la región ha intensificado la presión tanto sobre Washington como sobre Tel Aviv, incluyendo la descolonización gradual del norte de Palestina por parte del Hezbolá libanés, el actual bloqueo naval del Mar Rojo impuesto por las fuerzas lideradas por Ansarallah de Yemen y los ataques rutinarios con aviones no tripulados contra objetivos estadounidenses e israelíes por parte de la Resistencia Islámica en Irak.

Con Tel Aviv luchando por conciliar sus objetivos con sus métodos, Washington ha intervenido para evitar la derrota estratégica de su aliado. La propuesta de resolución estadounidense hace hincapié en una estrategia política a largo plazo destinada a integrar aún más a Israel en la región mediante acuerdos de normalización, al tiempo que se margina a la resistencia palestina a través de canales diplomáticos y de poder blando.

La historia nos enseña que las ganancias tácticas, sin alineación con los objetivos estratégicos, son inadecuadas para el éxito a largo plazo. La cuestión crucial que se plantea es si la intervención estadounidense logrará realmente preservar los objetivos estratégicos de Israel. "

(Mohamed Sweidan es investigador de estudios estratégicos, The Craddle, 11/03/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Los trastornos políticos de la austeridad fiscal... las consecuencias políticas de la austeridad utilizando una novedosa base de datos regional que cubre más de 200 elecciones en varios países europeos... las consolidaciones fiscales conducen a un aumento significativo de las cuotas de voto de los partidos extremistas, una menor participación electoral y un aumento de la fragmentación política. Las recesiones impulsadas por la austeridad amplifican considerablemente los costes políticos de las recesiones económicas al aumentar la desconfianza en el entorno político

 "En las últimas décadas, los partidos populistas han ganado un apoyo masivo. Al mismo tiempo, muchos países han implementado consolidaciones fiscales a gran escala para evitar el riesgo de impago soberano

Esta columna proporciona nueva evidencia sobre las consecuencias políticas de la austeridad utilizando una novedosa base de datos regional que cubre más de 200 elecciones en varios países europeos. Los resultados muestran que las consolidaciones fiscales conducen a un aumento significativo de las cuotas de voto de los partidos extremistas, una menor participación electoral y un aumento de la fragmentación política. Las recesiones impulsadas por la austeridad amplifican considerablemente los costes políticos de las recesiones económicas al aumentar la desconfianza en el entorno político.

Los partidos antiestablishment y populistas han ganado un apoyo significativo desde la Gran Recesión en muchas economías avanzadas de todo el mundo (Guiso et al. 2017, Rodrik 2017). El aumento del porcentaje de votos a estos partidos ha incrementado el conflicto partidista y ha dado lugar a parlamentos más fragmentados. El entorno político polarizado resultante se asocia generalmente con una mayor incertidumbre política y un menor crecimiento económico (Schiantarelli et al. 2020, Schularick et al. 2021).

El aumento del apoyo a los partidos extremistas se produjo en un período de importantes intervenciones en materia de política fiscal. Varios países europeos han aplicado medidas de consolidación fiscal a gran escala para reducir los elevados niveles de deuda pública. Las reducciones masivas del gasto público se enfrentaron a una oposición significativa y dieron lugar a movimientos contra la austeridad. En un trabajo reciente, investigamos el vínculo entre las consolidaciones fiscales y el aumento de la polarización y aportamos nuevas pruebas sobre los costes políticos de la austeridad fiscal (Gabriel et al. 2022).

Para ello, recopilamos un nuevo conjunto de datos regionales sobre los resultados electorales que ofrece resultados detallados de las votaciones en las elecciones regionales, nacionales y europeas. Nuestro conjunto de datos final abarca 124 regiones europeas de ocho países y abarca desde 1980 hasta 2015. Recopilamos datos sobre más de 200 elecciones, con aproximadamente 20 elecciones por región y, de media, una elección cada dos años.

La austeridad aumenta la polarización política

El gráfico 1 ofrece una primera impresión de los datos de las elecciones regionales. Muestra los porcentajes de voto regional a partidos extremos para las regiones de la muestra en los años 2007 y 2015, justo antes del inicio de la Gran Recesión y después del punto álgido de la crisis de la deuda soberana. El gráfico muestra que el aumento del voto extremista en el pasado reciente es un fenómeno común a todos los países y regiones. Se observan aumentos especialmente fuertes en la proporción de votos a partidos extremistas en regiones de Francia, España e Italia. Sin embargo, también hay diferencias significativas entre regiones de un mismo país. Por ejemplo, mientras que las regiones occidentales y meridionales de Alemania votan menos a los partidos extremistas, los votantes de la parte oriental se decantan más por ellos.

Para probar la relación causal entre la austeridad fiscal y los resultados de las votaciones, identificamos cambios exógenos en los gastos de los gobiernos nacionales motivados por el deseo de reducir los déficits presupuestarios en respuesta a decisiones pasadas. A continuación, los combinamos con la sensibilidad regional al gasto fiscal para tener en cuenta el hecho de que las regiones que dependen en gran medida del gasto público probablemente se vean más afectadas por las medidas de austeridad del gobierno nacional.

El gráfico 2 presenta la respuesta de la cuota de voto de los partidos extremos a la consolidación fiscal. Una reducción del 1% en el gasto público regional conduce a un aumento en la cuota de voto de los partidos extremos de alrededor de tres puntos porcentuales. Nuestros resultados sugieren que alrededor del 10% de la variación en la cuota de voto de los partidos extremos se debe efectivamente a las consolidaciones fiscales, lo que subraya aún más la importancia de la austeridad para entender los cambios en las preferencias de los votantes hacia los extremos del espectro político.

También mostramos que la mayor cuota de voto captada por los partidos extremos puede explicarse por una caída de la participación electoral junto con un aumento del total de votos a estos partidos. Así, menos gente vota en respuesta a las consolidaciones fiscales y los que lo hacen muestran una mayor tendencia a votar a partidos extremos. Además, la austeridad aumenta la fragmentación, lo que sugiere que la austeridad afecta a los resultados económicos a través de un entorno político más polarizado.

La austeridad es económicamente costosa y aumenta la desconfianza en el gobierno

Para racionalizar nuestras principales conclusiones sobre las consecuencias políticas de la austeridad, estimamos también los efectos económicos de las consolidaciones fiscales a nivel regional. La austeridad provoca una caída significativa de la producción regional, el empleo, la inversión, el consumo duradero y los salarios. Además, la reducción del gasto público disminuye la proporción de las rentas del trabajo, lo que induce una redistribución de la renta de los hogares que trabajan. Estos resultados ponen de relieve la estrecha relación entre la evolución económica perjudicial y el apoyo de los votantes a los partidos extremistas tras las consolidaciones fiscales.

Por último, examinamos si las recesiones impulsadas por la austeridad producen resultados políticos diferentes de las recesiones económicas generales. Diferenciamos entre las recesiones que coinciden con consolidaciones fiscales («recesiones de austeridad») y las que no están relacionadas con la austeridad («recesiones de no austeridad») y estimamos la respuesta de la cuota de voto de los partidos extremos en ambos episodios de atonía económica. Nuestras estimaciones implican que las recesiones de austeridad conducen a un aumento significativamente mayor de la cuota de voto de los partidos extremos que otras recesiones.

Relacionamos este resultado con un posible canal de confianza de las consolidaciones fiscales mostrando que la confianza de los ciudadanos en el gobierno se deteriora mucho más durante las recesiones de austeridad que durante las recesiones sin austeridad. Esto podría apuntar a un «círculo vicioso» entre la desconfianza en el sistema político y un voto más extremo tras las consolidaciones fiscales. En resumen, las recesiones impulsadas por la austeridad son especiales en el sentido de que amplifican considerablemente los costes políticos de las recesiones económicas al crear más desconfianza en el entorno político."

(Mathias Klein, economista sénior en el Sveriges Riksbank. Es doctor por la Ruhr Graduate School in Economics y la TU Dortmund University. Después de obtener su doctorado, trabajó durante tres años como investigador posdoctoral en el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín). Ana Sofía Pessoa, doctoranda en el Departamento de Macroeconomía y Econometría de la Universidad de Bonn. Ricardo Duque Gabriel es economista de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Becario postdoctoral, doctorando en Economía en la Universidad de Bonn. Rebelión, 26/03/24, gráfico y notas en el original, fuente CEPR)

Ayuso, predicar la excelencia, cohabitar en la indecencia... Lo cierto es que el hermano y el novio de la presidenta Ayuso tenían negocios opacos con la privatización sanitaria que les han reportado cuantiosos beneficios. Si tú, como nos contaba infoLibre, entregas setecientos millones a Quirón, al margen de lo presupuestado, sin fiscalización del gasto y tomando una operativa excepcional como la regla, y luego te vas a vivir a un dúplex de más de 350m2, que tu novio pagó tras las operaciones con Quirón, puedes predicar la excelencia, pero estás cohabitando en la indecencia. Y esto es una burla a la cara de todos los ciudadanos, los que no te votaron pero sobre todo los que lo hicieron (Daniel Bernabé)

 "Ha querido la casualidad que, mientras pensaba cómo abordar el artículo de esta semana, la siempre interesante editorial Capitán Swing tuviera la gentileza de enviarme Los ricos no pagan IRPF, escrito por Carlos Cruzado y José M. Mollinedo, técnicos del ministerio de Hacienda. El libro, de descriptivo título, habla sobre “la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la disociación fiscal de las personas que, para eludir buena parte del pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades”.

Este ensayo, que pretende aportar claves para afrontar el debate tributario desde “una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos”, no puede aparecer en un momento más apropiado. Después de que el Gobierno haya logrado estabilizar nuestra economía mediante medidas de carácter intervencionista, consiguiendo salir de dos crisis inéditas sin necesidad de precarizar el empleo, sería el momento apropiado para que pusiera encima de la mesa una reforma fiscal que permitiera más contribución y por tanto mayor gasto social.

Si España tiene una estructura fiscal similar a la europea pero recauda menos, se debe al incremento de los impuestos indirectos en detrimento de los directos, a la elusión fiscal y directamente al fraude, elementos que no son ni mucho menos generalizados entre toda la población, sino que a menudo se sitúan en la capa social que maneja mayores rentas. Además, eso que se ha dado en llamar ingeniería fiscal, métodos jurídicos que aprovechan cualquier brecha legal para pagar menos impuestos, o directamente el delito tributario, se dan con especial intensidad en la economía improductiva.

Los especuladores, los rentistas, los comisionistas y demás chamarileros del apaño, llevan a cabo un tipo de negocios que nunca tienen que ver con la producción, que no crean riqueza más allá de la que se acumula en sus bolsillos y que carecen de la más mínima inversión para modernizar las fuerzas económicas. Como parece evidente, además, se niegan a tributar según marca la ley por las absurdas sumas de dinero que les reportan sus operaciones, recurriendo a todo tipo de triquiñuelas para engañar al fisco. Lo peor, la sensación que se le queda al ciudadano medio: Hacienda no somos todos.

El fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha vuelto a poner de manifiesto esta brecha de clase entre los que pagamos nuestros impuestos y los que no los pagan como la manera más natural de proceder. Indigna que González Amador se llevara dos millones de euros en plena pandemia básicamente por tener una buena agenda telefónica. Indigna que pretendiera estafar a Hacienda más de 350.000 euros utilizando un entramado societario que parece escrito para un sainete de Arniches. Pero indigna aún más que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de una comunidad autónoma, dijera para defenderlo que estaba siendo víctima de una “inspección fiscal salvaje”.

La señora Ayuso es la misma, les recuerdo, que no ha parado de hablar del valor del esfuerzo y la competencia desde que se convirtió, o la convirtieron, en la lideresa de la reacción española. Ha manejado un relato que busca enmascarar su proyecto, uno que ha convertido a Madrid en la región más desigual de España, haciéndolo pasar por una aventura donde cada individuo lucha por alcanzar sus sueños. En realidad lo único que sucede es que una pandilla de selectos apandadores utilizan el dinero de todos para engrasar su maquinaria de chanchullos, que es como se debería llamar a su modelo de “colaboración público-privada”.

Ayuso y su fábrica de maldades, regentada por Miguel Ángel Rodríguez, antagonista galdosiano zafio, implacable y con olor a puchero—, llevan varios años dándonos la murga con la excelencia y la superación. Lo cierto es que el hermano y el novio de la presidenta tenían negocios opacos con la privatización sanitaria que les han reportado cuantiosos beneficios. Si tú, como nos contaba infoLibre, entregas setecientos millones a Quirón, al margen de lo presupuestado, sin fiscalización del gasto y tomando una operativa excepcional como la regla, y luego te vas a vivir a un dúplex de más de 350m2, que tu novio pagó tras las operaciones con Quirón, puedes predicar la excelencia, pero estás cohabitando en la indecencia. Y esto es una burla a la cara de todos los ciudadanos, los que no te votaron pero sobre todo los que lo hicieron.

Alberto González Amador, comisionista en el negocio de la sanidad privatizada, no es una anormalidad en el modelo que Ayuso promociona en Madrid, es su resumen más ajustado. Es alguien que no es que tan sólo estafara a Hacienda, sino que a juzgar por la alegría con la que gastó el dinero en coches y pisos de lujo, se sentía completamente impune para hacerlo. Cuando Ayuso declaró que este era “un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo”, en el fondo lo que estaba expresando era la frustración porque, esta vez, sí les hubieran pillado, conculcando su derecho divino a hacer lo que les da la gana, como les da la gana y cuando les da la gana, es decir, que lo colectivo viniera a frenar su decadente y egoísta sentido del concepto de libertad."    (Daniel Bernabé, InfoLibre, 26/03/24) 

Ucrania descubre que la victoria en la guerra está más lejos que nunca... Ucrania necesita ahora muchos más soldados. No para recuperar territorio, sino para contener las ofensivas rusas... la mejor opción consiste en «obtener una ventaja que le permita negociar con Rusia el fin de la guerra desde una posición favorable y más tarde alcanzar una paz duradera». No menos de un 41% de los europeos cree que sus gobiernos deberían presionar a Zelenski para que negocie con Moscú, los que prefieren apoyar a Ucrania para que siga luchando son un 33%... Quizá sea ahora a Ucrania a quien le interese firmar una paz inestable ante un gigante vecino del que nunca se podrá fiar. Lo que sí es seguro es que este año sólo le valdrá resistir (Iñigo Sáenz de Ugarte)

 "Ucrania necesita ahora más soldados que nunca. No para recuperar territorio, sino para contener las ofensivas rusas. El Gobierno duda si decretar una movilización general que incluya a jóvenes de más de 25 años. En el campo de batalla, las opiniones de los combatientes revelan que los refuerzos son indispensables. Además, los que llegan están muy limitados por la edad. «La calidad de los reemplazos no es muy buena. Son gente de los pueblos de entre 43 y 50 años, a veces con problemas de salud», dijo un soldado con amplia experiencia en la guerra desde 2022 a un reportero de The Wall Street Journal en diciembre. Los ejércitos con una edad media de en torno a 40 años raramente ganan las guerras, en especial si su misión es avanzar.

Dos años después del inicio de la invasión rusa, los ucranianos se encuentran en el momento más difícil de la contienda. 2024 es ya un año perdido para cualquier posibilidad de derrotar a Rusia. Los expertos que pensaban que la ofensiva que se inició a finales de la primavera de 2023 podía culminar con éxito son ahora más realistas. Creen que a Kiev sólo le queda aumentar el número de tropas, recibir más armamento de Occidente y confiar en que 2025 les permita afrontar objetivos más ambiciosos.

Por mucho que Volodímir Zelenski lo negara hace unos pocos meses hasta que se rindió a la evidencia en diciembre, la guerra se encuentra en una fase de estancamiento. De hecho, el único cambio significativo de las últimas semanas ha sido favorable a Rusia. Los soldados ucranianos tuvieron que retirarse de Avdivka, una ciudad de 35.000 habitantes antes de la guerra que ha quedado completamente destruida. Lo hicieron en unas condiciones caóticas que pudieron suponer que centenares de soldados, la mayoría heridos, cayeran en manos del enemigo o desaparecieran.

A diferencia de Bakhmut, una ciudad de escaso valor estratégico en la que murieron decenas de miles de soldados de ambos bandos, Avdivka es más valiosa de cara a hacerse con el control de toda la provincia de Donetsk. Sin embargo, los rusos también han sufrido un alto número de bajas, algo que no parece preocupar mucho a su cúpula militar, y no están en condiciones de lanzar una ofensiva general. Sí han lanzado ataques localizados en la zona de Robotine, en el sur del país, uno de los pocos éxitos ucranianos en el verano pasado.

Robert Gates, que fue secretario de Defensa de EEUU con Bush y Obama, se encuentra entre los pesimistas. «Mucha gente sostiene que la guerra está estancada. Me temo que en este momento no es tanto que haya un bloqueo como que los rusos han recuperado la ventaja. No se trata de un cambio que tenga efectos definitivos, pero ellos son los únicos que están a la ofensiva», dijo el 21 de febrero.

«Avdivka es una nueva línea de defensa», dijo Zelenski el jueves para negar que sus tropas hayan retrocedido en varios puntos del frente y afirmar que continúan controlando la margen izquierda del río Dniéper. Cualquier cosa antes de permitir que se extienda el pánico entre los ciudadanos a un desmoronamiento en el frente.e

Zelenski tomó el 8 de febrero una de las decisiones más arriesgadas de la guerra con el cese del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Zaluzhni, muy popular entre la población y los soldados. El presidente lo justificó por la necesidad de «cambios profundos» en la estrategia. Las relaciones entre ambos se habían deteriorado en los últimos tiempos. Zaluzhni había reclamado una movilización que aumentara en 500.000 efectivos el número de tropas.

Zelenski teme el impacto que tendría la medida en la opinión pública. La cifra le parecía excesiva, también por razones económicas. «Cuando hablamos de movilización, hay que recordar que se necesitan seis civiles pagando sus impuestos para pertrechar a un soldado», dijo en enero.

Las sospechas de corrupción en los centros regionales de reclutamiento ya habían hecho que Zelenski destituyera en agosto de 2023 a todos sus responsables. En esa época existían canales de Telegram al que estaban suscritas miles de personas que les informaban sobre las zonas en que se iban a entregar órdenes de alistamiento obligatorias, lo que facilitaba a los afectados tomar medidas para desaparecer. Patrullas militares visitaban bares y centros comerciales en los que cazar a los que supuestamente se habían convertido en ilocalizables.

Un primer proyecto de ley de movilización tuvo que ser retirado en enero en el Parlamento por las críticas recibidas, también por los diputados del partido del presidente, que lo acusaban de violar derechos constitucionales. Dos semanas después, se presentó una nueva versión ahora en discusión que reduce la edad mínima para ser reclutado de 27 a 25 años y establece un periodo máximo de servicio (36 meses), que ahora no existe.

El Gobierno no tiene elección, ante la evidente superioridad rusa en el número de soldados, que se volvió a poner de manifiesto en Avdivka. En esos combates, la ventaja en número de hombres de los rusos era de cinco a uno, según contó a Associated Press un soldado que combatió en ese frente y que fue uno de los pocos que sobrevivió a un ataque que consistió en una oleada tras otra. El portavoz de una de las unidades sitiadas en Avdivka elevó esa proporción a siete a uno.

Vadim Ivchenko, diputado ucraniano de la Comisión de Defensa del Parlamento, describió la falta acuciante de soldados. Brigadas de 3.000 a 5.000 soldados cuentan con sólo el 75% de sus efectivos. Algunas que han sido diezmadas no llegan al 25%.

Los soldados no disponen del descanso necesario. En el comienzo de la guerra, combatían dos semanas y descansaban una. Ahora, en la unidad de un comandante con el que habló Associated Press pelean durante un mes seguido y luego se deben conformar con cuatro días de descanso. Con soldados de más de 50 años, cualquier exceso físico se paga: «¿Qué posiciones van a asaltar? Si caminan cuatro kilómetros con una mochila cargada de material y armamento, terminan cayéndose en mitad de la carretera».

La desventaja en artillería ha vuelto a quedar de manifiesto. En estos momentos, los ucranianos, pueden disparar unos 2.000 proyectiles cada día, cuando eran 3.000 en la mayor parte de 2022 y 7.000 durante la contraofensiva del verano, según un cálculo del Royal United Services Institute, de Londres. Los rusos pueden llegar a utilizar hasta 10.000 diarios.

La militarización de la economía rusa continúa a pleno rendimiento. Todas las partidas relacionadas con el presupuesto militar superan los 100.000 millones de dólares, la mayor cifra desde el fin de la URSS y el doble que en los años anteriores a la guerra. Eso supone por encima del 6% del PIB. Se calcula que Rusia recluta a unos 30.000 nuevos soldados al mes. El plan para 2024 prevé alcanzar cifras similares a las del año pasado, lo que llevaría a sumar a otros 400.000 soldados.

Esa reserva demográfica en un país de 143 millones de habitantes le permite disponer de una fuente inagotable de efectivos. El medio independiente ruso Meduza, que opera desde una redacción fuera del país, ha hecho un cálculo sobre el número de bajas y estima que 75.000 soldados han muerto en la guerra hasta finales de 2023. La cifra es un secreto de Estado, al igual que lo ha sido en Ucrania hasta que este domingo Zelenski dijo que han sido 31.000.

Estos números se quedan muy cortos en comparación con una estimación de fuentes del Gobierno de EEUU hecha en agosto de 2023, según las cuales habían muerto hasta ese momento 70.000 ucranianos y 120.000 rusos.

El Gobierno de Vladímir Putin quiere evitar una segunda movilización masiva, con lo que recurre a ofrecer una remuneración muy superior a la de la sociedad civil. En Rusia, el salario medio está en 70.000 rublos mensuales (unos 685 euros). El sueldo inicial de un soldado profesional alcanza los 204.000 rublos (unos 1.990 euros). En algunas zonas del país, alistarse es el único método posible para recibir esas cantidades.

Los voluntarios, que fueron el 21% en 2023, sólo tienen que cumplir el tiempo por el que hayan firmado si el Gobierno no dispone lo contrario. Los que se alistan como soldados profesionales no pueden abandonar las Fuerzas Armadas hasta el fin de la guerra, un horizonte que nadie sabe cuándo ocurrirá.

La única duda proviene del hecho de que las autoridades regionales y militares rusas tienen la costumbre de exagerar las cifras de reclutamiento para complacer al Gobierno de Moscú. «El número de personas que van a la guerra por razones patrióticas se ha secado», dijo una fuente gubernamental a The Moscow Times. «Al mismo tiempo, los salarios en empresas civiles y la industria militar han aumentado de forma significativa. Si te pagan 150.000 rublos en un empleo civil, ¿por qué vas a necesitar los 200.000 que el Ministerio de Defensa paga a los soldados profesionales?».

La sociedad ucraniana no está totalmente desmoralizada, pero es muy consciente de que la situación no mejorará a corto y medio plazo. Los últimos meses han dejado su sello en forma de más pesimismo y menos confianza en Zelenski. Una encuesta de principios de febrero informa de que el 44% opina que el país camina en la buena dirección (el 46% cree lo contrario). Eran el 68% en mayo de 2022 y el 54% hace sólo dos meses.

Zelenski continúa gozando de un apoyo mayoritario, pero lejos de los niveles casi absolutos de hace dos años. Los que aprueban su gestión son el 64%. Eran el 77% en diciembre. Es posible que el cese del general Zaluzhni haya reducido su popularidad.

La confianza en Zaluzhni continúa siendo masiva. No así en su sucesor. El general Oleksander Sirski, menos conocido, aparece en el sondeo con un 40%. Hasta ahora, era el jefe de las fuerzas de tierra del Ejército y tenía fama de no ser muy apreciado entre las tropas por su tendencia a enviar a grandes números de soldados a ofensivas de éxito incierto.

La prioridad de Kiev es ganar tiempo hasta que Joe Biden consiga que el Congreso de EEUU apruebe aumentar la ayuda militar en 61.000 millones de dólares. La oposición de la mayoría de los republicanos lo ha hecho imposible desde que se comenzó a discutir en diciembre. La derrota de Avdivka ha hecho que se aceleren las negociaciones. «Eso ocurrió en gran parte porque Ucrania se quedó sin armamento a causa de la pasividad del Congreso», dijo Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional. «Las tropas ucranianas no tuvieron los suministros y munición que necesitaban para detener el avance ruso».

Los expertos coinciden en que la única alternativa de Ucrania es ahora centrarse en la defensa, en hacerla tan impenetrable como la que montaron los rusos antes de que la ofensiva de verano se estrellara contra ella. Los hay que piensan que Putin ya ha perdido, porque Ucrania nunca volverá a la esfera de influencia política y cultural de Rusia. Por muy cierto que sea eso, es más razonable fijarse en lo que ocurrirá en los próximos doce o veinticuatro meses y tener en cuenta otros factores más inmediatos.

Michael Kofman, Rob Lee y Dara Massicot plantean en un extenso informe que Ucrania debe aguantar sus posiciones reforzando una línea de defensa a lo largo de mil kilómetros de frontera, reconstruir sus unidades con soldados mejor entrenados y más jóvenes, atacar puntos vulnerables detrás de las líneas rusas y esperar a 2025 para encontrar nuevas oportunidades de ataque.

«Quizá en el mejor escenario Ucrania pueda retomar la iniciativa el próximo año», ha dicho Kofman, investigador del ‘think tank’ Carnegie. «En el peor de los casos, Ucrania podrá aguantar y que Rusia no esté en condiciones de conseguir sus objetivos militares en 2025 o 2026».

Otros van más lejos y están convencidos de que una victoria militar de Ucrania es una perspectiva irreal. El mismo Kofman, que ha sido más optimista en el pasado, admite que la mejor opción consiste en «obtener una ventaja que le permita negociar con Rusia el fin de la guerra desde una posición favorable y más tarde alcanzar una paz duradera». No menos de un 41% de los europeos cree que sus gobiernos deberían presionar a Zelenski para que negocie con Moscú (los que prefieren apoyar a Ucrania para que siga luchando son un 33%).

Ucrania sólo puede confiar en aguantar hasta que pase la tormenta. El objetivo tantas veces expresado por Zelenski de recuperar todo el territorio ocupado por Rusia resulta ahora mismo impensable. Quizá sea ahora a Ucrania a quien le interese firmar una paz inestable ante un gigante vecino del que nunca se podrá fiar. Lo que sí es seguro es que este año sólo le valdrá resistir."                             ( Iñigo Sáenz de Ugarte, Guerra eterna, 25/03/24)

Gran parte de la respuesta de Occidente al ataque terrorista en Moscú revela una amarga parcialidad y una vergonzosa falta de compasión y justicia elementales... los medios de comunicación occidentales respondieron con una combinación de regocijo, por lo general transparentemente oculto, pero a veces asombrosamente abierto, con equívocos hipócritas y, por último pero no menos importante, con teorías conspirativas dementes. En otras palabras, todo menos compasión y respeto auténticos... Este grado de odio a Rusia ciega a los que odian de una manera que conduce a un daño reputacional propio, si no hoy, mañana. Y también viene acompañado de una incapacidad nada sorprendente para enfrentarse a la realidad del régimen de Zelensky en Ucrania... Resulta revelador que las absurdas acusaciones de "bandera falsa" (que Rusia lanzara un ataque terrorista masivo contra sí misma), vayan casi siempre acompañadas de un rechazo inflexible a considerar siquiera que el régimen de Kiev pueda haber estado implicado, de un modo u otro, en la masacre de Crocus. Y sin embargo, de hecho, bien podría resultar que hubo algún tipo de mano ucraniana detrás del ataque (Tarik Cyril Amar, historiador alemán, Un. Koç)

 "Hace sólo unos días se produjo en Rusia uno de los peores atentados terroristas de la historia reciente. Los autores irrumpieron en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, y masacraron sistemáticamente y a sangre fría a todas las víctimas que pudieron, provocando después un devastador incendio que destruyó gran parte del centro comercial adyacente.

Las cifras no pueden expresar la depravación de los atacantes ni el sufrimiento de las víctimas -y de sus familiares y amigos-, pero sí pueden dar una idea de la magnitud de este horror: Hasta el 25 de marzo había 137 muertos y más de 180 heridos. Como siempre en estos casos, muchos más tendrán que luchar con graves traumas psicológicos.

Al igual que las cifras, la comparación es inadecuada pero necesaria para intentar comprender la importancia de este suceso. Los atentados de París de 2015, centrados en un concierto en la sala Bataclan, por ejemplo, tuvieron un alcance similar: Dejaron al menos 130 víctimas mortales y más de 350 heridos. El gobierno francés respondió con un estado de emergencia inmediato en todo el país, barridos masivos de seguridad y -como lo resume Encyclopedia Britannica- una "dramática escalada de la intervención militar francesa en la Guerra Civil Siria", así como un igualmente "dramático aumento del gasto interno en seguridad".

 También hubo, por supuesto, una gran ola de solidaridad internacional no sólo con las víctimas del atentado sino, como correspondía, con Francia como nación. Ningún comentarista occidental o, para el caso, ruso que se preocupe por su reputación se habría atrevido a hacer afirmaciones perversas sobre que las autoridades francesas estaban de alguna manera detrás de este horrible ataque y preparadas para sacrificar a su propio pueblo y, de hecho, traicionar a su país.

Sin embargo, las cosas han resultado diferentes tras la masacre del Ayuntamiento de Crocus en Moscú. Mientras que los servicios de seguridad y las autoridades rusas se pusieron a trabajar de una manera fundamentalmente similar a la respuesta francesa en 2015 (capturando a 11 sospechosos, cuatro de ellos tiradores "inmediatos" que habían asesinado en masa a inocentes en un concierto, huyendo hacia la frontera ucraniana), un número inquietantemente grande de políticos y figuras de los medios de comunicación occidentales respondieron con una combinación de regocijo, por lo general transparentemente oculto, pero a veces asombrosamente abierto, con equívocos hipócritas y, por último pero no menos importante, con teorías conspirativas dementes. En otras palabras, todo menos compasión y respeto auténticos.

 Un usuario X alemán (aquí anónimo) con más de 30.000 seguidores dio un ejemplo de puro placer sádico al publicar una foto del centro comercial Crocus en llamas, con el comentario "Que arda, que arda todo Moscú". Tal vez consciente de que sonaba como si tuiteara desde la Cancillería del Reich nazi, el sobreexcitado usuario borró posteriormente este mensaje. Pero sin dar muestras de arrepentimiento.

Puede que algún usuario X, aunque tenga un número considerable de seguidores que indique una popularidad preocupante, no te parezca muy representativo. Pero consideremos el caso de Michael Roth, un miembro extremadamente ruidoso del Parlamento alemán (por el SPD del canciller Olaf Scholz) y presidente de su Comisión de Política Exterior. Mostró suficiente inteligencia para atenerse a un decoro mínimo, lo justo para admitir que Rusia había sufrido un "cruel acto de terror" que no puede justificarse.

Pero su verdadero mensaje era otro, a saber, que con Rusia una concesión tan mínima a la decencia común (por poco sincera que sea) puede y debe ir inmediatamente acompañada de algún desvarío rusófobo: Roth ocultó cuidadosamente que su "compasión" era (claramente: sólo) por "las víctimas inocentes", lo que se traduce en ocultar cualquier reconocimiento del hecho de que -como en el caso de Bataclan en Francia- el atentado de Crocus es también un ataque contra todo un país y una nación. Luego procedió a calumniar a Rusia como un "Estado terrorista", caricaturizando su guerra en Ucrania como una campaña de terror. (Roth, por cierto, es un gran fan de Israel, que se ha pegado lealmente a Tel Aviv a través de su genocidio de Gaza con verdadero "Nibelungentreue" germánico. Vaya usted a saber...).

Mientras tanto, Roderich Kiesewetter, un militarista de línea dura de política exterior de la CDU (el partido de Angela Merkel y los rivales conservadores del SPD) ha fantaseado públicamente con la posibilidad de una "operación de bandera falsa". Carente de toda prueba o verosimilitud, la idea de que Rusia lanzara extrañamente un ataque terrorista masivo contra sí misma, se apresuró a decir Kiesewetter, no puede, sin embargo, "excluirse". En Alemania, las acusaciones infundadas y las especulaciones descabelladas son bipartidistas, siempre que el objetivo sea Moscú.

Si Kiesewetter y Roth, políticos alemanes influyentes aunque (todavía) no de primera fila, ilustran la mezcla tóxica de rusofobia, fantasías conspirativas desquiciadas y pura falta de decencia que ahora es "normal" en Berlín, Alemania no ha tenido el monopolio de las respuestas perversas a la masacre de Crocus. Echemos un vistazo a algunos representantes nada marginales de los medios de comunicación occidentales, tanto tradicionales como sociales.

Igor Sushko, afincado en Estados Unidos y con más de 300.000 seguidores en las redes sociales, se apresuró a promover la leyenda negra del "atentado terrorista de bandera falsa de Putin en el ayuntamiento de Crocus", como si tuviera que darse prisa en difundir la noticia falsa antes de que se hiciera realidad. Y eso, ahora que lo pienso, bien podría haber sido la idea: Como todo propagandista sabe, la suciedad lanzada en primer lugar puede permanecer -al menos con los mal informados- incluso una vez que los hechos han sido establecidos.

Alexey Kovalyov, antiguo miembro de "Meduza" (un sitio web con sede en Letonia que se ha pasado los últimos años librando una guerra informativa contra Rusia, como la advertencia de una inminente ley marcial que nunca llegó a producirse) e incondicional representante de esa Rusia "liberal" que a Occidente le encanta promover, se unió al monótono coro de la "bandera falsa" con una muestra gratuita de falta de perspicacia lógica al concluir absurdamente, a partir de un atentado terrorista que sí tuvo lugar, que las autoridades rusas no están impidiendo ningún atentado de ese tipo. También vio la oportunidad de calentar viejos cuentos de hadas, repitiendo la acusación de que Putin era el culpable de los atentados terroristas en Rusia en 1999. No importa que el mejor -y muy crítico- biógrafo de Putin, Philip Short, haya explicado en detalle por qué esa vieja patraña no tiene sentido.

Oliver Carroll, otro acérrimo guerrero del frente (ideológico) oriental se apresuró a enmarcar la masacre de Crocus con aberrantes referencias al incendio del Reichstag de Berlín en 1933 y al asesinato de Kirov en 1934. Estos incidentes tienen en común que es prácticamente seguro (con el incendio del Reichstag) o al menos una creencia generalizada (con el asesinato del Kirov) que fueron organizados por las autoridades estatales. En otras palabras, de nuevo operaciones de "bandera falsa". Carroll tampoco tiene ninguna prueba que ofrecer. Pero trabaja para The Economist, así que no necesita ninguna. No cuando se trata de poner la bota en Rusia y su gobierno.

Sería tedioso catalogar todo el ecosistema pantanoso emergente de los "Crocus Truthers". Baste decir que en él figuran viejos conocidos de la guerra propagandística, como Garry Kasparov y, desde Ucrania, Sergei Sumlenny (un practicante menor, llamativo quizá sobre todo por combinar una rusofobia casi grotesca con una larguísima etapa como hombre de confianza de facto del Partido Verde alemán en Kiev) y, por último, pero no por ello menos importante, Sarah Ashton-Cirillo.

En caso de que no se acuerde de él (¿o ella? Lo admito, he perdido la cuenta), se trata de la persona que se ofreció como portavoz payasa y despiadada de los militares ucranianos, en un intento tristemente transparente de desplegar un poco de "lavado queer" para complacer a (algunas) audiencias occidentales. En calidad de tal, Ashton-Cirillo lanzó un ataque violento y desquiciado contra el bloguero Gonzalo Lira. Lira murió más tarde en una prisión ucraniana, abandonado por su propio gobierno en Washington y asesinado por una combinación de negligencia médica masiva y -es prácticamente seguro- tortura.

¿Qué pensar de esta extraña alianza? Políticos y periodistas influyentes de la corriente dominante, tipos extravagantes (por decirlo suavemente) de los medios de comunicación social y una pandilla de opositores rusos eternamente amargados en el exilio, que nunca han sabido cómo conciliar su intensa aversión a la Rusia de Putin con un sentido adulto de la capacidad de Occidente para utilizarlos...

Dos cosas parecen ciertas: Este grado de odio a Rusia ciega a los que odian de una manera que conduce a un daño reputacional propio, si no hoy, mañana. Y también viene acompañado de una incapacidad nada sorprendente para enfrentarse a la realidad del régimen de Zelensky en Ucrania.

Resulta revelador que las absurdas acusaciones de "bandera falsa" vayan casi siempre acompañadas de un rechazo inflexible a considerar siquiera que el régimen de Kiev pueda haber estado implicado, de un modo u otro, en la masacre de Crocus. Y sin embargo, de hecho, bien podría resultar que hubo algún tipo de mano ucraniana detrás del ataque."

(Tarik Cyril Amar, es un historiador alemán, actualmente en la Universidad Koç de Estambul, experto en Ucrania, Rusia y Europa, Brave New Europe, 26/03/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)